Quillacollo
La Dirección de Transparencia junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervinieron las oficinas del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) que funcionan en la Dirección de Recaudaciones de la Alcaldía de Quillacollo, por presuntos hechos de corrupción. Se aprehendieron a tres personas.
El asesor legal externo de la Alcaldesa, Maximiliano Ureña, señaló que la intervención se realizó, bajo la consigna de transparentar la gestión municipal, tras un informe de auditoría interna de 2019, que evidenció que existen presuntas irregularidades el cobro de impuestos a vehículos, cuyas radicatorias y categorías se cambiaron con la complicidad de funcionarios municipales.
“Manipulando la información, se cobraron impuestos de vehículos que radicaban en otros municipios acogiéndose a los descuentos de multas y sanciones que estaban vigentes en Quillacollo”, reveló.
Según declaraciones de Ureña, este hecho es totalmente ilegal, porque los propietarios para cambiar la radicatoria, primero deben honrar sus deudas pendientes en el municipio donde tributaron y recién, previo cumplimiento de los requisitos y siguiendo el conducto regular, pueden cancelar en otro lugar.
Asimismo, explicó que se identificaron documentos de la empresa potosina, Rayos del Sud LTDA, que el año 2019, certificó 59 movilidades, la mayoría tracto camiones, para que sus propietarios se acojan a los descuentos de sus impuestos adeudados, mismos que se cancelaron en Quillacollo. Esta empresa dejó de operar el año 2012.
Producto del operativo, la FELCC aprehendió a tres funcionarios, entre ellos, la responsable del RUAT.
La Policía investiga la existencia de una posible red de corrupción conformada por algunos funcionarios municipales, tramitadores y personas externas.
Por su parte, el director de Recaudaciones, Martín Escalera, indicó que el municipio se constituirá en parte querellante, para colaborar en las investigaciones, que esclarezcan esta y otras presuntas irregularidades, que se habrían cometido en esta repartición, con la falsificación de documentos, uso de fotocopias, falta de firmas y otras.
Finalmente, se procedió al precintado de los ambientes y se remitió al Ministerio Público computadoras y documentación para su verificación correspondiente.