“Nos alerta las informaciones que salen en la prensa (…) con informes de auditoría que no existen”, señaló Palmenia Villegas, jefa de la Unidad de Transparencia de la Gobernación, haciendo referencia al informe que asegura que hubo “indicios de corrupción” en el proceso de adquisición de insumos de bioseguridad que el Sedes compró por casi un millón de bolivianos.
Sin embargo, el martes, la asambleísta Lizethe Beramendi mostró el informe de Auditoría Interna No. 182/2020, que develó que se firmó la orden de recepción de estos insumos sin verificar la calidad de los mismos, o si era la cantidad correcta.
Además, los documentos establecen que la importadora no presentó el Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE) ni la certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (NIT).
Sin embargo la funcionaria pidió a la asambleísta Lizeth Beramendi ser responsable con la información que brinda y pidió dejar de hacer “persecución” a autoridades, ya que la gobernadora Esther Soria está siendo investigada por esta irregularidad.
Como una manera de lavarse las manos y desligarse del problema, se informó que 6 funcionarios del Sedes, responsables de la contratación, fueron sancionados con destituciones y descuentos salariales.
GRANDES AMIGAS
Aunque fue notorio en las declaraciones de Villegas su afán por proteger a la gobernadora Esther Soria, después se conoció que la misma sería una “íntima amiga” de la primera autoridad, razón por la que tomó la denuncia de Beramendi como un asunto personal.
Se recibió denuncias de funcionarios de esta institución, explicando que Villegas se encuentra amenazando a diestra y siniestra a los funcionarios del área de Transparencia para evitar que salga a la luz otro tipo de irregularidades cometidas en este y otros hechos.
Funcionarios aseguran que en el interior de la Gobernación existe una “masacre blanca”, pues la primera autoridad junto con sus “allegados” despiden a personal institucionalizado para poner a “amigos del partido”.