Las autoridades indicaron que la investigación apunta a una «red de corrupción al interior de Derechos Reales». La Policía ingresó el día miércoles a las oficinas para emitir citaciones y secuestrar algunos documentos. Las citaciones emitidas fueron para el juez registrador y algunos funcionarios, tanto de ventanilla como de inscripción.
Se conoce que el Ministerio Público y la Unidad Anticorrupción de la Policía investigan a funcionarios de alto rango por manipulación informática y enriquecimiento ilícito. Extraoficialmente, dieron a conocer que se presume desvío de dinero a cuentas privadas de máximas autoridades de esta institución pública.
La unidad de Anticorrupción allano Derechos Reales en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en un presunto caso de manipulación informática y enriquecimiento ilícito para tramitar título de propiedad de inmuebles.
La afectación al estado ascendería a dos millones de bolivianos, dónde se investiga y se vincula a dos jueces registradores de Derechos reales, los cuales ordenaban el desvío de estos fondos a cuentas de terceras personas.
La fiscalía departamental informó que se aperturó una investigación contra autores por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y legitimación de ganancias ilícita en trámites de valorados y certificados de propiedad, los depósitos y trámites se hicieron de forma irregular. Se libró citaciones a declarar en calidad de testigo contra los jueces registradores de derechos reales en SCZ para que declaren, aún se cuantifica cuántos desvíos de fondos se hicieron y el monto económico que se afectó al estado.
En 2024 fue el último allanamiento
La Fiscalía de Santa Cruz, en coordinación con efectivos del Departamento Especializado Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó el pasado 26 de septiembre del 2024 un operativo de allanamiento en las oficinas de Derechos Reales, ubicadas en el Palacio de Justicia de la capital cruceña y en Montero. La intervención se enmarca dentro de una investigación por presuntos delitos de manipulación informática y otras irregularidades. Agencias