La Fiscalía, a través de un requerimiento al Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), pidió a 32 entidades informes sobre las actividades de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez. Entre los requerimientos, el Ministerio Público solicita rastrear el registro de llamadas, de viajes, de inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.
Migración debe entregar el “flujo migratorio” de Ribera desde el año 2017. La Bolsa Boliviana de Valores debe entregar el registro de “fondos abierto y fondos cerrados”. A Impuestos, se le solicita informes sobre pago de tributos, declaraciones impositivas, entre otras.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero debe entregar documentación de los movimientos bancarios y proceder “a la retención de fondos de todas las cuentas bancarias” de la hija de Añez. El Consejo de la Magistratura tiene que remitir información de registro de los bienes inmuebles y trámites administrativos.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes debe remitir el “extracto de llamadas entrantes y salientes en forma digital” de Ribera, desde el 1 de octubre de la gestión 2019. De igual forma, las empresas Entel, Tigo y Viva deben entregar los extractos de llamadas de la hija de Añez.
Entre tanto, las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen que remitir información sobre los bienes inmuebles y vehículos que tuviera la joven. A Interpol se solicita sus antecedentes internacionales y número de pasaporte.
La Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos debe informar sobre el registro de vuelos nacionales e internacionales de la hija de Añez.
La investigación en contra de Ribera, en la que también está incluida Natalia Ibáñez, prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue iniciada en julio de la gestión 2022. Las indagan por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“Den del caso CUD 201102012205845 seguido por el Ministerio Público en contra de Carolina Ribera Añez y Natalia Teresa Ibanez Vaca, por la supuesta comisión de los delitos Legitimación de Ganancias Ilícitas, Art. 157 del Código Penal, base a los siguientes antecedentes”, reza parte del documento.
Carolina Ribera fue representante Presidencial de Gestión Social durante el gobierno interino de su madre y se encargaba de realizar acciones sociales en centros de acogida, hogares de ancianos y cárceles del país. Agencias
