En medio de una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez apretó acelerador a favor de los agroindustriales y sin evaluaciones científicas necesarias, dio la orden al Comité Nacional de Bioseguridad, de realizar estudios abreviados para la liberación de cultivos genéticamente modificados. La cuenta regresiva ha empezado.
Como si se tratara de un tema menor al que se le debe dar plazos, el decreto supremo 4232 aprobado el 7 de mayo indica que “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
Sin embargo, la norma en su disposición transitoria única le da plazos al Comité, el cual deberá aprobar los procedimientos abreviados, en un plazo de hasta diez días calendario computables a partir de la publicación del decreto; es decir, hasta el 17 de mayo.
Semejante arremetida en contra de la agroecología, el modelo de producción familiar, la biodiversidad y las semillas nativas, ha despertado la indignación de más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil que cuestionan el modelo del agronegocio, el monocultivo y el uso del glifosato como parte del paquete de los organismos genéticamente modificados (OGM).
Las organizaciones comprometidas con la temática ambiental, productiva y ecológica se autoconvocaron a la “Tercera Asamblea por los Bosques de Bolivia” con carácter de urgente. El llamado ha tenido eco en las redes sociales, pero la cuarentena no permite la movilización social de quienes resisten el modelo del agronegocio.
Quienes se pusieron la camiseta a favor del medioambiente, saben que lo está en juego no solo es el presente, sino el futuro del país, pues la profundización de la agroindustria que avanzó a saltos durante el periodo de Evo Morales con la apertura del país a la producción de biocombustibles, no solo ha motivado la ampliación de la frontera agrícola para alimentar al parque automotriz, sino que ha promovido el desmonte y la deforestación más descarnada con consecuencias ecológicas, económicas y ambientales irreparables.
El país todavía no se ha recuperado del mayor desastre ambiental sufrido en su historia. La Chiquitanía todavía desangra como consecuencia de los incendios forestales promovidos durante el anterior gobierno, y que afectaron a 3 millones de hectáreas solo en el departamento de Santa Cruz.
A esta altura, los impactos negativos del glifosato y los agroquímicos sobre el suelo y el medioambiente son indiscutibles a pesar que desde la agroindustria se trate de justificar su uso a nombre de la biotecnología y los avances científicos por hacer a una semilla más resistente a las sequías, a las plagas y a otros factores.
El director de Probioma, ha acusado a la presidenta Áñez de poner en mayor riesgo la salud de los bolivianos, saltándose las evaluaciones científicas para el ingreso de dichos cultivos destinados al consumo humano.
Peor aún, la ha señalado como responsable de atentar en contra de la seguridad y soberanía alimentaria del país, debido a que, los cultivos de maíz, trigo y caña de azúcar son básicos para la alimentación de los bolivianos.
Hoy, Bolivia es centro varietal del maíz, pues posee más de 77 razas de maíz que han sido y son la fuente de alimentos más importantes para los 11 millones de bolivianos y que estarán en riesgo de contaminación con un maíz transgénico que está asociado a los agroquímicos.
Desde el agro cruceño también se ha tratado de “desmitificar” la contaminación entre cultivos bajo el argumento de que es posible delimitar las áreas de producción, sin embargo, eso es igual a creer que hay “quemas forestales controladas” como si fuese posible frenar el aire y su velocidad.
Con el cuestionado decreto se teme que solo las grandes industrias químicas dueñas de estas tecnologías y de las semillas genéticamente modificadas serán las beneficiadas.
A nombre de la salud pública se decretó cuarentena nacional, y a nombre de la misma salud pública, el gobierno con fuerte presencia en su gabinete de ministros vinculados al modelo del agronegocio cruceño pretende consolidar un paquete de cultivos genéticamente modificados sin mayores consideraciones ni técnicas, ni legales.
El decreto en cuestión, transgrede la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 señala textualmente “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
Pero también vulnera leyes nacionales y acuerdos internacionales como la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el «Protocolo de Bioseguridad de Cartagena», entre otros.
El Ejecutivo plantea en el decreto, que en el marco de la política de seguridad alimentaria, de gestión de riesgos y el Plan Nacional de Emergencia 2020 “es pertinente y necesaria, la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados como prioridad al abastecimiento del consumo interno”.
El Movimiento Agroecológico Boliviano advirtió que se interpondrá acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revocación del decreto 4232¸ que pone en riesgo la diversidad genética de las semillas nativas.
Actualmente, Bolivia tiene más un millón de hectáreas cultivadas de soya transgénica en el departamento de Santa Cruz, evento aprobado durante el gobierno de Carlos Mesa. JMC
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