Más de seis meses después de ser conformada, la comisión especial de la Asamblea que investiga las muertes en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), decidió iniciar un proceso penal en contra del actual comandante general de la Policía, General Rodolfo Montero, por el delito de incumplimiento de deberes.
“Tenían que venir todas las autoridades, ministros y los jefes de la Policía y las FFAA, además de la Defensora del Pueblo, el general Montero fue el único que no presentó su descargo para no asistir y por eso se le iniciará un juicio; el resto de las autoridades sí presentaron sus descargos”, explicó el diputado Amilcar Barral que forma parte de esta comisión.
La comisión fue conformada el 6 de marzo de este año, durante los conflictivos festejos de aniversario de la ciudad de El Alto. Los legisladores explicaron que no hubo ninguna reunión hasta el momento por la pandemia que atraviesa el país.
Y en su primera sesión enviaron a la justicia al jefe de la Policía por no presentarse a declarar. La declaración de las otras autoridades fue diferida para la siguiente semana y los convocados son el ministro de Gobierno, Arturo Murillo; ministro de Defensa, Fernando López; Comandante General del Ejército, Sergio Orellana; ministro de Justicia, Álvaro Coimbra y la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
Según el informe de la Human Rights Watch (HRW), al 17 de noviembre, 23 personas habrían perdido la vida y más de 700 resultaron heridas en el contexto de protestas desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, aunque los dirigentes de El Alto aseguraron que son 37 los fallecidos en esos conflictos.
El reporte destaca las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar” y refiere que partidarios de Evo Morales participaron en graves actos de violencia. Agencias