Bolivia
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Bolivia contra cuatro exjefes de la Compañía de Jesús y un sacerdote activo. La acusación se centra en los delitos de violación agravada en grado de encubrimiento y complicidad, vinculados a las agresiones sexuales sistemáticas cometidas por el fallecido jesuita español Luis María Roma. Los señalados en este proceso son los españoles Ignacio Suñol y Antonio Menacho, los exprovinciales bolivianos Osvaldo Chirveches y René Cardozo, además del religioso Arturo Moscoso.
El abogado de la causa, Juan Arratia, fundamenta la denuncia en el reciente testimonio de tres nuevas víctimas que han decidido romper el silencio. El argumento legal principal es que, aunque el agresor directo falleció en 2019, su entorno jerárquico tenía la obligación jurídica y ética de denunciar los hechos ante la justicia ordinaria. En lugar de ello, la cúpula jesuita habría optado por la omisión y el ocultamiento de pruebas críticas.
El origen (2019): Una investigación de la agencia EFE expuso el caso de Roma tras obtener una treintena de fotografías que lo mostraban en actos sexualizados con menores de entre seis y doce años. También se hallaron descripciones de estos abusos en un diario personal del cura.
La investigación interna: Ese mismo año, la orden jesuita realizó una auditoría que confirmó el hallazgo de «contenido erótico» y una confesión escrita del propio Roma. Pese a calificar el caso como «verosímil», la institución mantuvo los resultados en reserva y no dio parte a las autoridades bolivianas antes de la muerte del agresor.
El factor Pedrajas: La reactivación de este caso ocurre tras el escándalo de Alfonso Pedrajas en 2023, cuyo diario reveló abusos a decenas de niños en el colegio Juan XXIII. Esto forzó a la Fiscalía a reabrir investigaciones que previamente habían sido cerradas por falta de querellantes.
Este proceso busca sentar un precedente sobre la responsabilidad institucional de las órdenes religiosas en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad contra la infancia en Bolivia.