El sistema judicial boliviano se ha deteriorado significativamente. La corrupción dentro del sistema judicial ha alcanzado niveles alarmantes, de modo que ya no se trata simplemente de negligencia, sino de una red estructurada de extorsión y manipulación de casos. Jueces y fiscales exigen entre 5.000 y 100.000 dólares, según el caso, para encarcelar a inocentes o liberar a verdaderos delincuentes. Esto deja a la población indefensa en un sistema que persigue a quienes no pueden pagar, en lugar de protegerlos.
Según diversas fuentes y testigos, las cantidades varían, dependiendo de la naturaleza del caso y la jerarquía de las autoridades involucradas. Esta práctica ha generado una profunda sensación de impotencia entre los ciudadanos, que ven sus derechos y protección legal subordinados al dinero. El acceso a una justicia real y equitativa se ha vuelto un privilegio reservado únicamente para quienes pueden pagar, mientras los más vulnerables quedan a merced de un sistema que los ignora o los castiga injustamente.
Ante esta crisis, el candidato a diputado, el Mgr. Jhasmany Cherry Terán, abogado y politólogo, presentó una propuesta legislativa contundente. Al reformar el Código Penal y crear una disposición legal específica, propone que cualquier juez o fiscal condenado por corrupción cumpla una pena de 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Cherry Terán enfatiza que no basta con denunciar la corrupción; es hora de actuar con leyes estrictas e inflexibles. «No puede ser que quienes han jurado administrar justicia negocien la libertad o la desgracia de las personas. Cambiaremos esto a través del poder legislativo, con regulaciones claras y sanciones ejemplares», explicó.
Investigar por ganancias ilícitas
También se pide investigar a los jueces, fiscales y vocales, quienes de un momento a otro aparecen con grandes lujos como; casas en zonas residenciales, manejando autos de lujos, portando relojes y cadenas de oro al muy estilo de un rapero millonario. Siendo un delito grave que implica ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción o el contrabando.