En lo institucional y en las calles, oficialistas y opositores se disputan quién define los destinos del país. La elección nacional y las subnacionales avivan el conflicto por las ambiciones de los actores en ambas votaciones.
La lucha por el poder en Bolivia no se circunscribe a las elecciones generales, convocadas en 2018, anuladas en 2019 por irregularidades que son investigadas como fraude electoral y que están programadas para el 18 de octubre de este año.
Con un proceso electoral tan largo y un cambio de presidente en noviembre, por la renuncia de Evo Morales, empujado por las revueltas tras las fallidas elecciones y el retiro del apoyo militar, con una transición cada vez más larga a causa de la pandemia y con dos postergaciones de los comicios por medidas sanitarias, la disputa por saber quién manda en Bolivia se ha trasladado a las calles -bloqueos de caminos y pedidos de renuncia de Jeanine Áñez tras la segunda postergación de las elecciones generales- y a lo institucional, con un cada vez más marcado distanciamiento entre el Ejecutivo, controlado por Áñez y Demócratas, y el Legislativo, bajo dominio de los dos tercios que consiguió el MAS en una cada vez más lejana elección de 2014.
Para los opositores a Áñez, todo esto pudo evitarse si no se presentaba como candidata. Para sus leales, las acciones desestabilizadoras son un intento de golpe de Estado, que ella supo capear sin un solo gas y si un solo muerto. Agencias