La zona de K’ara K’ara es considerada una de las más empobrecidas del municipio. No cuentan con redes de agua potable ni alcantarillado, las viviendas no tienen derecho propietario, y el simple hecho de estar cerca de un relleno sanitario da la impresión de pobreza y marginalidad.
Sin embargo, el crecimiento la zona fue caótica y sin planificación, pues aunque no cuenten con todos los servicios básicos, tiene calles muy bien asfaltadas, colegios, canchas deportivas con tinglado y un centro de salud de primer nivel. Lo que es mucho más comparado con otros barrios más antiguos ubicados en la zona sur.
En redes sociales circulan dos fotografías satelitales que fueron tomadas de la zona. La primera se remota a 2004, dónde se ven muy pocas casas y calles de tierra. Sin embargo, la de 2020 muestra que en 16 años, se convirtió en una ciudadela, por los centenares de viviendas y calles bien delimitadas.
¿Cómo se logró tal desarrollo?, muchos se preguntan. A base de protestas y bloqueos que impiden el traslado de la basura hasta el vertedero; logrando compromisos de obras e inversiones con la Alcaldía, Gobernación e incluso con ministerios.
ELEMENTO DE PRESIÓN
Para el concejal Edwin Jiménez, el botadero de K’ara K’ara es tomado como un “elemento de presión” para que vecinos de la zona e incluso personas de otros sectores puedan conseguir compromisos que no siempre vayan en favor de la ciudadanía.
Tal situación se vio en 2006, cuando se consiguió que a dirigentes del sector se les desembolse recursos a sus cuentas personales. O, como en esta gestión, tras el bloqueo de 13 días, los vecinos “autoconvocados” lograron un compromiso para agilizar el cese de procesos contra tres de sus dirigentes que están detenidos en la ciudad de La Paz.
“Las autoridades no impidieron los asentamientos”, aseguró Jiménez, explicando que en la década de los ’80 la Universidad Mayor de San Simón cedió 33 hectáreas para habilitar el botadero municipal, pero poco a poco, en los terrenos circundantes hubo asentamientos ilegales hasta convertirse en la pequeña ciudadela que es ahora.
Cientos de viviendas de las mancomunidades de K’ara K’ara, Arrumani y Pampa San Miguel no cuentan con sus derechos propietarios, precisamente, porque nunca se hizo oficial la cesión de los terrenos de la UMSS a las personas que construyeron sus viviendas en el lugar.
Una vez más esta situación pudo haberse evitado, si la Alcaldía y la universidad hubieran hecho respetar esos predios, evitando los asentamientos y por tanto los bloqueos constantes que llenan de basura las calles de la ciudad.
SE PAGÓ A DIRIGENTES POR LA BASURA
Este tipo asentamientos, no solo se los ve en esta zona, sino que hay decenas de juntas vecinales creadas en áreas verdes municipales e invadiendo torrenteras y el mismo Parque Tunari, que crecen sin ningún control de las autoridades.
De abril de 2006 a abril de 2008, la Alcaldía de Cochabamba pagaba 0,70 centavo de dólar a los dirigentes de la zona de K’ara K’ara por cada tonelada de basura que ingresara al botadero del lugar.
Este pago se inició después de un acta de entendimiento firmada entre dirigentes de la zona, el alcalde de turno Gonzalo Terceros, que después se plasmó en una normativa municipal. Sin embargo, este dinero que debía ser destinado para el desarrollo del sector, fue entregado a las cuentas personales de los dirigentes.
Por este motivo, la Contraloría General del Estado mediante el Dictamen CGE/DRC-018/20014 determinó que hubo daño económico en esas dos gestiones, ya que se pagó Bs. 2,7 millones a estos dirigentes. Por ello, se exigió en septiembre de 2014 que el ex-alcalde Terceros junto con otros tres ex-funcionarios devuelvan los más de 2 millones de bolivianos, ya que tenían responsabilidad “civil» por la “apropiación y disposición arbitraria de bienes del Estado”.
10 AÑOS SIN CIERRE TÉCNICO
Desde abril del 2010, la Alcaldía se comprometió con iniciar con el “cierre técnico” del botadero de K’ara K’ara, como parte del proceso del cierre definitivo del vertedero que funciona en la zona por más de tres décadas. Sin embargo, se tiene un lento avance en este tema.
Para realizar esta labor se contrató a la empresa Colina, que en casi 6 años avanzó en más de un 50% del cierre técnico, y aún se ve muy lejos la posibilidad de un cierre definitivo, por no existir un terreno nuevo para el tratamiento de las más de 500 toneladas de basura producida diariamente en el municipio.
¿NUEVO BOTADERO?
Dentro de los acuerdos llegados entre autoridades y los “autoconvocados», existe el compromiso del “cierre total» del botadero, dándose plazo de 30 días para hacerlo efectivo. Sin embargo, día antes, el alcalde José María Leyes anunció que se contrataría una nueva empresa que se encargaría del tratamiento de la basura, que además tendría un terreno propio para este propósito, desconociéndose la ubicación del mismo.
Coincidentemente, hace dos semanas se conoció la intención de la Alcaldía de contratar a una nueva empresa que se encargue de la basura, pero que supuestamente cobraría el doble que la empresa actual.