Los gigantes tecnológicos chinos Huawei y ZTE fueron designados este martes como “amenazas a la seguridad nacional” por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).
La designación implica que los 8.300 millones de dólares disponibles actualmente en subsidios federales a las telecomunicaciones en Estados Unidos no podrán ser usados para comprar productos y servicios de estas dos compañías, así como tampoco de sus empresas subsidiarias, afiliadas o matrices.
La FCC comenzó a aplicar este tipo de medidas en noviembre de 2019, en el marco de sus “esfuerzos constantes” para proteger las redes de comunicación de Estados Unidos ante “riesgos de seguridad”.
En aquel entonces el regulador había había impuesto una veto a los proveedores de comunicaciones en áreas rurales de Estados Unidos al uso de equipamiento proveniente de estas empresas chinas, obligándolos a reemplazar el que ya estaba siendo utilizado.
“Con la orden de hoy, y basados en el abrumador peso de la evidencia, la oficina ha designado a Huawei y ZTE como riesgos a la seguridad nacional de las redes de comunicación de Estados Unidos y a nuestro futuro con la tecnología 5G”, indicó el director de la FCC, Ajit Pai, en un comunicado oficial.
“Ambas empresas tienen vínculos estrechos con el Partido Comunista de China y con el aparato militar de China, y ambas están obligadas por las leyes locales de su país a cooperar con los servicios de inteligencia chinos”, explicó, agregando que se tomaron las evidencias provistas por el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados.
“No podemos y no vamos a permitir que el Partido Comunista de China explote nuestras vulnerabilidades y comprometa nuestra infraestructura en comunicaciones”, agregó.
El comisionado de la FCC, Geoffery Starks, aseguró este martes que “equipamiento inseguro” sigue siendo utilizado en las redes de Estados Unidos y que el Congreso debe asignar los fondos para su reemplazo.
En mayo de 2019 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba la emergencia nacional y prohibía a las empresas estadounidenses de usar equipo de telecomunicaciones fabricado por estas dos compañías debido al riesgo a la seguridad nacional que representaban.