La juez Gladys Bacarreza, que tenía baja médica, fue arrestada la pasada jornada cuando se la vio transitando en vía pública y pasó la noche en celdas de la Policía a la espera de sus medidas cautelares; la autoridad judicial es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia.
La juez fue sindicada de “extraviar” 92 expedientes de diferentes casos, las víctimas decidieron conformar una asociación para denunciar las malas prácticas en la administración de la justicia.
Bacarreza tiene cerca de 100 denuncias, entre disciplinarias y penales, en su contra por los delitos de retardación de justicia y resoluciones ilegales; incluso la denunciaron por torturar a los litigantes en un cuarto que tenía en su despacho. Hasta el momento se conoce que la juez fue suspendida en cinco oportunidades desde el 2015.
“Los del Consejo (de la Magistratura) pretenden acallarme, tiene que enterarse la prensa. Yo estaba yendo a una farmacia para comprar mi medicamento y me han visto esas señoritas del Consejo y pretenden callarme, amenazarme, para que no hable. Yo tengo baja médica, se ha presentado mi citación de baja médica (…). Se han inventado, lo mismo que ahora ha pasado, han venido al juzgado sin ninguna orden, sin ninguna citación”, dijo Bacarreza tras ser detenida.
La juez debía declarar en la mañana del lunes, pero presentó un certificado médico para suspender su audiencia, pero por la tarde se la vio caminar por la ciudad y fue aprehendida.
La juez negó todas las acusaciones y culpó a su secretaria por la pérdida de los 92 expedientes.
Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana. El principal objetivo es que se pueda instaurar un nuevo método de selección de jueces que garantice independencia y probidad en sus actuados. Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.
Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país. Agencias
