Isis Karen Castillo Vela es la jueza recientemente posesionada en el Juzgado Octavo Anticorrupción de Cochabamba que decidió declinar competencia para conocer la demanda penal contra Ruth Nina, trasladando la causa al Trópico. Su decisión fue cuestionada por el CONADE al considerarse una puerta a la impunidad.
El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 8 de la provincia Cercado, Cochabamba, se declaró incompetente para continuar la investigación penal contra la dirigente de Pan-Bol, Ruth Yolanda Nina Juchani, por lo que remitió el caso a la jurisdicción de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba. La decisión responde a que las declaraciones de Nina, que motivaron la denuncia por amenazas, se realizaron en un evento político en la localidad de Lauca Ñ, que pertenece al municipio de Shinahota.
La denuncia fue presentada por María Leonila Galindo Torrez, en representación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), ante el Ministerio Público. Galindo acusó a Ruth Yolanda Nina Juchani, de incurrir en amenazas que ponen en riesgo el proceso electoral al declarar públicamente el 12 de julio: “El 17 de agosto el Gobierno y el Tribunal Electoral, en vez de contar votos, van a contar muertos”, si no se permitía la candidatura de Evo Morales.
El documento establece que la jurisdicción natural para conocer esta causa es el Juzgado de Instrucción Penal de turno de Shinahota, ya que los hechos denunciados se habrían producido en un acto público en el Trópico, durante un ampliado político-sindical.
Además, según el argumento jurídico contenido en la resolución, no existen pruebas ni indicios de que el hecho haya ocurrido en la ciudad de Cochabamba, ni que la denunciada Ruth Nina resida en ese lugar. Tampoco se hallan allí las pruebas materiales, que deben ser colectadas del contexto en el que fueron emitidas las declaraciones.
El fiscal del caso, Juan Alfredo Palacios Vilte, también había confirmado en su requerimiento que los hechos se produjeron durante un congreso político en Lauca Ñ, por lo que ahora será la Fiscalía de Shinahota la encargada de continuar con las investigaciones por los presuntos delitos de amenazas e instigación pública a delinquir.