La Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, promulgada el pasado 16 de agosto debe ser derogada según los sectores sociales porque en las 54 páginas de anexos encierra la “trampa” con la que se estaría atentando contra los principios democráticos.
El abogado y analista, José Carlos Sánchez, indicó que el proyecto de Ley 218, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo”, tenía muchos artículos; pecando de ambigüedad, por lo que sectores sociales y abogados reclamaron la inconstitucionalidad de la norma, ante las advertencias de la ciudadanía el Gobierno paralizó su tratamiento; sin embargo, aún quedaba la “ley madre” que básicamente tiene el mismo alcance.
“Los gremialistas, mineros y sectores sociales están siendo afectados por esta ley ‘ya’ promulgada que le da facultades al presidente para que haga todo lo que venga conveniente con relación a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento terrorismo, previa aprobación del Consejo Nacional, conformado por ministros de nombramiento directo”, explicó Sánchez.
A la Ley 1386, “ya promulgada”, solo le falta el decreto supremo reglamentario, que sería responsabilidad del presidente y ministros. Sánchez afirmó que incluso ya se habría dado la instructiva a los notarios para que hagan el trabajo y apliquen lo que ordena esta.
Por otro lado, Sánchez lamentó que la oposición no haya observado ni reclamado la aprobación de esta ley y solo se pronuncien cuando los sectores sociales ya están movilizados.
“Los bolivianos no deberíamos parar el trabajo que nos hace falta para subsistir el día a día, para recuperar nuestra economía (…) La oposición que cumpla con sus obligaciones, porque han sido elegidos, tenemos opositores que no trabajan”, afirmó.
El analista alertó sobre los perjuicios que representa que la ley no sea abrogada, pues entre las movilizaciones y paros se interrumpirá la reactivación de la economía nacional.