El alcalde José María Leyes durante estos casi cuatro meses de alerta sanitaria, fue dos veces denunciado por compras con irregularidades y presunto sobreprecio; denuncias que ahora son investigadas por el Ministerio Público. Así como otro par de presuntos negociados que aún no se efectivizaron pero que hicieron que diferentes sectores cuestionen las prioridades de la autoridad.
CASO COMIDAS
El caso más sonado fue la contratación de una empresa para la dotación de comida a los uniformados que patrullaron durante la cuarentena rígida de abril. Este contrato fue observado la falta del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), siendo este un documento indispensable en la contratación.
Por esta irregularidad administrativa, así como otros detalles, como la forma de pago y la presunta entrega de comida podrida a uniformados; generó que concejales presenten una denuncia ante el Ministerio Público, el cual comenzó a investigar. En mayo se allanó la morada de Leyes, donde encontraron un arma y un presunto plan de fuga. Sin embargo, el juez anticorrupción optó por dictaminar detención domiciliaria al alcalde, con derecho al trabajo.
CASO ALCOHOL Y BARBIJOS
A inicios de julio, el diputado Rodrigo Valdivia presentó una denuncia ante la FELCC contra el alcalde y el secretario de Salud, Enrique Torrico. La denuncia se debió a la presunta compra con sobreprecio de barbijos NK95 y alcohol etílico al 75% de concentración.
El alcohol se adquirió de Industrias Torrico Antelo (ITA) a Bs 22,5 el litro, cuando Hospital Viedma adquirió un insumo similar a Bs 15 el litro.
Este proceso sigue en investigación y se procedió al allanamiento de oficinas de la Unidad de Contrataciones y de la Secretaria de Salud. Mientras las autoridades aseguraron que el precio no sobrepasó al impuesto por la Agemed, sin dejar de lado que la compra se hizo al principio de la pandemia cuando escaseaba estos productos.
ESCÁNDALO DE BASURA
A fines de junio, se conoció que la Alcaldía buscaba cambiar de empresa para el tratamiento de la basura, significando que rescindiría el contrato con Colina, pese a que aún falta 4 años para finalizar el contrato.
Pero, lo que hizo esto un escándalo fue la decisión de contratar la nueva empresa en medio de la crisis sanitaria, más aún cuando se duplicaría el precio de este servicio. Según el concejal Joel Flores, la nueva empresa cobraría Bs. 208 por cada tonelada que llegaría al botadero, cuando ahora Colina hace el tratamiento por Bs. 123.
Esta situación fue criticada por las Juntas Vecinales, quienes exigieron a la autoridad priorizar el tema de salud y retomar las obras en barrios antes de hacer contrataciones innecesarias.
DIÓXIDO DE CLORO
Hace un par de semanas, el alcalde anunció que se enviaría una normativa para que el Concejo apruebe la compra de dióxido de cloro, para que éste sea entregado gratuitamente a la población que padece de Covid.19.
Sin embargo, el abogado Lurwyn Ledezma dio a conocer una serie de mensajes mostrando el presunto negociado entre Leyes y una empresa cochabambina, definiéndose la cantidad de producto y los precios; cuándo ni siquiera el Concejo aprobó la compra. Según los mensajes, ya estaba el negocio cerrado.
Mientras estas denuncias y procesos se investigan, el trabajo en la Alcaldía es a media máquina ante el temor de nuevos procesos y el aumento de contagios dentro de la institución.