Santa Cruz
En un pronunciamiento que sacude el tablero político previo a las elecciones subnacionales, el partido Libertad y República (Libre), bajo el liderazgo de Jorge “Tuto” Quiroga, ratificó su rechazo rotundo al actual proyecto de ley y tratado denominado “50/50”. La organización política califica la medida como una «improvisación técnica» que pone en riesgo la estabilidad económica de las regiones.
Para los voceros de Libre, el principal problema del plan “50/50”, que propone una distribución equitativa de regalías y recursos entre el nivel central y las regiones, no es el fondo, sino la forma. Sostienen que el tratado carece de una base legal sólida (leyes y decretos reglamentarios) que garantice que los fondos lleguen efectivamente a los municipios y gobernaciones sin trabas burocráticas.
«No se puede construir autonomía sobre el aire. Rechazamos este tratado porque no ofrece garantías jurídicas y se presenta como una promesa electoral vacía que no tiene un respaldo técnico real en el Presupuesto General», señalaron representantes del partido.
Libre desglosa su oposición en tres ejes estratégicos:
Centralismo disfrazado: El partido advierte que, bajo la narrativa del «50/50», el Gobierno mantiene el control sobre la fiscalización de esos recursos, lo que podría derivar en un chantaje político a los gobernadores de oposición.
Exclusión de agrupaciones ciudadanas: Libre denuncia que el marco actual del tratado y las leyes subnacionales adjuntas pretenden blindar el sistema de partidos tradicionales, dificultando que nuevas plataformas ciudadanas participen en la toma de decisiones sobre estos recursos.
Inviabilidad financiera: Advierten que la redistribución planteada no contempla la caída en la producción de hidrocarburos ni la realidad impositiva actual, lo que podría generar un déficit fiscal inmanejable para el próximo periodo de gobierno.
Lejos de cerrar la puerta a la descentralización, Libre propone que cualquier cambio en el modelo de coparticipación tributaria y de regalías debe ser fruto de un Pacto Fiscal Integral. La organización instó a las fuerzas políticas en la Asamblea a frenar el tratamiento de la norma hasta que se incluyan criterios de población, pobreza y eficiencia administrativa.