El excoronel de Policía, Maximiliano Dávila, preso en Estados Unidos por narcotráfico “cantará”, como un pajarito toda la información que conoce sobre Evo Morales y sus ministros de gobierno. En Cochabamba, Dávila era líder de un consorcio formado de fiscales, jueces y policías para armar casos y extorsionar.
Dávila habría cambiado de estrategia y aceptado los cargos de narcotráfico en Estados Unidos, luego del rechazo de los dos incidentes procesales que presentó su defensa sin éxito. «Va a tener que vender a todos sus socios y a todas las personas con las que ha traficado cocaína a EEUU, entre ellas las seis federaciones del trópico», expresó el abogado Lurwing Ledezma a El Deber.
“Ahora está en las tratativas de modificar su declaración inicial y, obviamente, declararse culpable, pero, esta declaración de culpabilidad no viene sola, es como un procedimiento abreviado, donde le van a beneficiar con una pena corta”, dijo el abogado.
El abogado Ledezma señaló que Dávila tendrá que brindar información sobre “Evo Morales y los ministros de Gobierno de turno que han ayudado y coadyuvado al delito de tráfico de sustancias controladas, por las toneladas de cocaína que han salido de Bolivia rumbo a Estados Unidos”, dijo sin mostrar las pruebas.
CONSORCIO
El historial delictivo de Dávila, no solo se relaciona con temas de narcotráfico, en Cochabamba tuvo el descaró de formar un consorcio de fiscales, exfiscales y policías, con el único fin de armar procesos para extorsionar, como el caso del empresario Wilson Sahonero.
El consorcio “delincuencial”, con el cual Dávila orquestaba sus fechorías estaba conformado por los fiscales Limbert Claure, Raúl Arce, Sandra Nina, Andrea Reyes, Aleida Mérida y los exfiscales Miguel Trigo, Eduardo Terrazas.
En 2015, cuando Dávila era director departamental de la Felcn de Cochabamba, forma ilegal ordenó abrir un proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra el empresario y propietario del periódico cochabambino La Voz, Wilson Sahonero. Allanó sus domicilios y se secuestró 1,2 millones de bolivianos, además de 30.700 euros, dinero que debía estar en custodia de la Fiscalía, pero se desconoce dónde están esos recursos económicos.
Los hechos funestos en contra del empresario Wilson Sahonero y su familia, hasta la fecha solo han aportado pruebas de la manipulación atroz con que actuaron los miembros de un consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías.
Hasta la fecha, no se ha establecido la existencia de la denunciante o dato que haya permitido corroborar la existencia de la denuncia que generó la dolosa actuación del fiscal Raúl Arce Orellana, el jefe regional del GIAEF-VALLE Cap. Harold Villanueva Bozo, los policías de esa repartición Jhonny Morales Calderón, Sof. 2do. Antonio Paucara Mamani, quienes operaron en el volteo ocurrido alrededor de las cuatro de la tarde del 29 de diciembre del 2015 en una vivienda de la zona de Chilimarca.
Tras el despojo de 300 mil dólares y durante el proceso seguido contra Sahonero. Éste, presento suficientes pruebas en su descargo.
Extrañamente, no fueron valoradas, peor aún, fueron escondidos por la fiscal Andrea Reyes el motivo es macabro, que no llegue a manos de los jueces y vocales la auditoria presentada por Sahonero…..a tal punto que la fiscal Andrea Reyes dijo que Sahonero antes fue funcionario público y que nunca había presentado respaldo de su éxito empresarial.
Lo extraño es que existen otras denuncias de hechos en los cuales el fiscal Arce participó, «sembrando» pruebas en ciudadanos a los que exigía el pago de dinero a cambio de mantenerlos en libertad. El caso de la familia Sahonero – Camacho no es el único cometido con saña.
Al estrecha» amistad» de Arce con la fiscal Reyes Carrasco, pone en evidencia la relación que une a ambos miembros del criminal consorcio que opera en Cochabamba.