Cuando Gustavo García Brito, como magistrado boliviano en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), falló en contra de los intereses nacionales, ya llevaba un mes de haber renunciado y tenía un conflicto de interés, porque se le instauró un proceso penal por su irregular nombramiento, reveló el ministro de Justicia, Iván Lima.
Fue el 17 de julio que el Tribunal de Justicia de la CAN emitió su fallo en contra de los intereses bolivianos. El tribunal compuesto de cuatro jueces empató en votos, dos a favor y dos en contra, por lo que se tuvo que llamar a un tercero que se inclinó por la demanda peruana que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles.
Cuando el juez boliviano sesionó y falló ya llevaba un mes de haber renunciado. “Esta situación, la renuncia en junio y la decisión (fallo) en julio, muestra ya un conflicto de interés evidente”, afirmó y reveló que García Brito hace conocer en su carta de dimisión de junio que tomó la decisión, justamente, por el proceso penal que tiene iniciado en Bolivia.
“Es decir, existe entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el señor García Brito, al que no reconocemos como magistrado, sino cuestionamos la forma en la que ha sido designado, un evidente conflicto. El Estatuto del Tribunal señala expresamente que él tuvo que hacer una declaración de conflicto y no haber emitido su voto”, explicó.
García Brito fue nombrado en el gobierno de Jeanine Áñez, como se evidencia en una carta remitida el 19 de noviembre de 2019, con el sello de “muy urgente”, por la excanciller Karen Longaric al entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia Amores.
Lima insistió en que García Brito ha mostrado una situación de conflicto, una situación de ataque al gobierno y manifiesta enemistad con las políticas públicas que tiene el Estado.
El fallo obliga al Estado boliviano reconducir su política de cobro a los transportistas ecuatorianos, peruanos y colombianos, quienes tendrán que beneficiarse de la subvención de hidrocarburos en el país.
