El pleno de la Cámara de Senadores, de mayoría masista, aprobó ayer el proyecto de “Ley para Regular los Estados de Excepción”, que ata de las manos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana y confiere una serie de atribuciones y poderes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por encima incluso del Órgano Ejecutivo.
Expertos calificaron la norma de “innecesaria y malintencionada”, pues buscaría deslindar de sanciones penales a quienes generen convulsión en el país. “Este proyecto de ley, con base en el artículo 139 de la Constitución, nos da la base para regular los estados de excepción si en algún momento se llegara a presentar… el tema del uso de los agentes químicos, de la represión a la población y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, dijo la presidenta del Senado Eva Copa. Entre los 25 artículos de dicho proyecto, se menciona que un estado de excepción sólo podrá ser decretado cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.
Establece que los infractores sólo serán multados con el 10% del salario mínimo nacional y se prohíbe las restricciones a la libertad física. Asimismo, en el artículo 13 indica que “los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”.
También indica que los efectivos podrán ser procesados y sancionados administrativa, civil y penalmente por los actos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones.
También atribuye poderes a la Defensoría del Pueblo, que podrá solicitar informes en cualquier momento al Ejecutivo y éste no podrá aducir reserva de la información ni secretos de Estado. El estado de excepción podrá ser decretado o levantado por la Asamblea a sola petición de un legislador.
“Es una norma innecesaria, pero maliciosa. Todo lo que señala ya está regulado en la Constitución, el Gobierno no puede dictar un estado de sitio sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, cuando el Ejecutivo manda el decreto, la Asamblea tiene que emitir una ley y en ella se especificarán las condiciones del estado de excepción”, afirmó Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional. Señaló que lo que en realidad se busca por parte del MAS es despenalizar el incumplimiento del estado de excepción.
Similar criterio emitió el abogado y militar en retiro Jorge Santiesteban. “Astutamente no mencionan como peligro interno a los grupos irregulares, terroristas, que se pueden formar al interior del país, que es como opera el MAS. Dicen que la medida protegerá al Estado, pero no hablan de proteger al Gobierno legalmente constituido”, señaló.
Los senadores Carmen Eva Gonzales y Antonio Menacho anunciaron un recurso de inconstitucionalidad. Al igual que Salame y Santiesteban, consideran que el MAS busca dejar impunes hechos de violencia que estarían preparándose en organizaciones afines a Evo Morales. Página Siete.
