El Movimiento Al Socialismo (MAS) proyecta excluir del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo a los actores de 2019 e incluso a los que se movilizaron tras las elecciones fallidas de ese año.
“No haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”, señala el requisito 15 del proyecto de reglamento planteado por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En el reglamento para el proceso de selección del año 2016 ese requisito se centraba solamente en “no haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto”. En el proyecto formulado por el partido azul se adiciona la cláusula respecto a la denominada “ruptura de orden constitucional”.
En contacto con Página Siete, el jefe de bancada del MAS en Diputados Gualberto Arispe, uno de los proyectistas del reglamento, señaló que ese requisito está relacionado con las personas que participaron en el gobierno de transición de 2019.
“Estamos hablando de una persona neutral (que debe ocupar el cargo). No estamos hablando de personas que han participado en esos hechos, por decir en el gobierno de facto. Esos son políticos y los políticos no pueden optar a este cargo”, aseguró el legislador.
Consultado si la disposición alcanzaría incluso a quienes se movilizaron en 2019, Arispe respondió lo siguiente: “Yo creo que se han movilizado los políticos y estamos hablando para este cargo de personalidades que tienen mucha trayectoria sobre todo en defensa de los derechos humanos”.
Óscar Balderas, diputado de Comunidad Ciudadana, sostuvo que esa cláusula muestra la tendencia en la que siempre incide el oficialismo: introducir “alguna trampa”.
“Hay una actitud sesgada y sectorial y, por supuesto, además, parcializada partidariamente para restringir a que esto sea abierto”, lamentó.
Según el legislador, el oficialismo introdujo ese requisito para castigar a quienes se manifestaron en 2019. Agencias