El relanzamiento de Eduardo Mérida desató una ola de críticas y rechazo ciudadano. Su retorno ocurre mientras persisten en la memoria colectiva audios de corrupción, una sentencia condenatoria y obras emblemáticas mal ejecutadas, como la cuestionada Terminal de Buses.
Vecinos de distintos distritos expresaron su indignación. “Es una burla que vuelva a postular alguien con condena y denuncias. Quillacollo ya sufrió bastante”, señaló una vecina del Distrito 2. Otro ciudadano fue más duro: “Dejó obras inútiles y ahora quiere volver por el poder; eso es impunidad”.
Desde la dirigencia cívica, el exlíder Antonio M. cuestionó frontalmente la candidatura:
“No se puede engañar a la población. Hay audios, hay procesos y hay una ciudad dañada por malas decisiones. Quillacollo necesita limpieza política”.
También dirigentes vecinales advirtieron que “volver a confiar en autoridades observadas es condenar al municipio al atraso” y exigieron candidatos sin antecedentes judiciales.
Entre varias obras cuestionadas se encuentra la terminal de buses con un costo de 19 millones, que Mérida ejecutó, la misma que tiene observaciones en un derecho propietario del terreno y sin planificación, ya que se inunda constantemente.
El notario público y exalcalde Charles Becerra Sejas enfrenta dos causas penales por presunta falsedad material en el ejercicio de sus funciones. Becerra estaría vinculado a procesos judiciales por el denominado caso del “Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado”, por el cual las agrupaciones denunciantes aluden a una sentencia anterior de tres años de cárcel y a un presunto daño económico al municipio de Bs 100 millones. Además, existen impugnaciones en curso relacionadas con la supuesta obtención irregular de su solvencia fiscal, documento exigido por la normativa electoral para la habilitación de candidaturas.
Las partes que han presentado las denuncias demandan que las instancias competentes verifiquen la veracidad de estos extremos y actúen con la celeridad que exige la materia, por el interés público que implican las funciones notariales y la eventual participación en comicios.
A pesar del daño económico al municipio por un proyecto que dejó a miles de familias sin agua durante décadas, la gestión de Cartagena es acusada de dilatar los procesos judiciales y no actuar como parte querellante con el rigor necesario para lograr sentencias ejecutoriadas contra los exalcaldes sentenciados.
Las claves del escándalo: Protección a “candidatos de la corrupción”: Mientras exautoridades sentenciadas como Charles Becerra hacen campaña abierta para 2026, la Alcaldía es criticada por no haber impulsado la ejecución de mandamientos de aprehensión, permitiendo que quienes “saquearon” el presupuesto del agua sigan libres y activos políticamente.
“Un pacto de impunidad”: Representantes de los distritos afectados aseguran que existe un “pacto de silencio” entre la actual administración y los antiguos clanes políticos de Quillacollo.
“Cartagena no solo incumple su deber de defender el patrimonio de Quillacollo, sino que se convierte en el escudo de los corruptos”, declaró un representante del Comité Cívico local.
La población exige que la Procuraduría General del Estado intervenga de oficio ante la inacción municipal y que se inicie un proceso penal inmediato contra Héctor Cartagena.