El exprocurador general del Estado Alberto Morales manifestó que la destitución de su cargo instruida por la Asamblea Legislativa (ALP) controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) se trata de “un acto más de abuso de poder” de ese partido político, al que acusa de tomar revancha por revelar informes sobre corrupción relacionados al desfalco al Fondo Indígena.
En la entrevista que brindó anoche al programa En Portada, que se emite a las 21:00 por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Morales afirmó que la ALP trató de encubrir el acto de corrupción por el que se acusa al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, por haber recibido millones de bolivianos en sus cuentas sin justificar el origen.
¿Cómo interpreta la decisión que ha asumido la Asamblea Legislativa y que ha derivado en su alejamiento del cargo?
Se trata de un acto más de abuso de poder de los dos tercios de la ALP, que en todos estos años jamás ha generado un debate, un análisis sobre las normas (leyes) que se deben aplicar en su sentido literal. Se trata de una revancha por el ejercicio de funciones de un procurador que se ha visto en la necesidad de poner en conocimiento de la opinión pública un informe que estaba en manos de la Fiscalía, desde el 24 de septiembre, y que omitió iniciar acciones como citar e imputar a Luis Arce Catacora.
Es un revanchismo político que pretendía encubrir no solo este bochornoso acto de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, sino también el evento que mañana (hoy) se inaugura en Santa Cruz, Pro Verdad, donde se recibirán más de 60 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos de las que ha sido autor el anterior régimen, algunos jueces y fiscales del país.
Traté de actuar con la verdad, ser objetivo y de respaldar cada una de nuestras afirmaciones con elementos probatorios e indiciarios. En este caso el respaldo es un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que desde el 20 de enero de este año tenía en su escritorio una solicitud para investigar a todos los involucrados en el desfalco del Fondo Indígena. Parte de esos involucrados son el exministro Luis Arce Catacora y su grupo familiar, quienes reportan movimientos económicos sin justificación legal.
La conclusión de la UIF es lapidaria, establece que hay suficientes indicios de la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y conexos vinculados a corrupción pública.
¿(Con su alejamiento) de qué manera se verá afectado el esclarecimiento del caso?
No debería verse afectado de ningún modo, pues la Procuraduría es una entidad pública, con autonomía de gestión (…) Se ha cumplido con defender los intereses económicos del Estado, representarlo con capacidad jurídica en las causas judiciales (…) En este caso, uno de los detonantes (de la destitución) ha sido la ampliación de denuncia en el caso fraude electoral dos contra Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, quienes actuaron en autoría mediata dirigiendo una organización criminal orientada a violentar la voluntad del voto popular, expresada en las urnas el 20 de octubre de 2019. Agencias