La Paz
Al menos 4.500 personas en Bolivia aún no han recuperado el dinero que pagaron por cinco conciertos diferentes que se cancelaron en lo que va del año. En dos casos, los organizadores están detenidos. El país no tiene una norma específica para eventos masivos.
De esas más de 4.500 personas que esperan una enmienda, 306 presentaron una queja por escrito al Viceministerio de Defensa al Consumidor. Ante la ausencia de norma específica para conciertos, estos casos se investigan por los delitos de publicidad engañosa, asociación delictuosa y estafa.
Según registros del Viceministerio de Defensa al Consumidor de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, hay dos denuncias en Tarija. Una es contra Gru productions, que en febrero promocionó un recital del grupo argentino Jambao que no se realizó. La otra contra los productores Nilo Cardozo, Javier Díaz y Dennys Ancasi que organizaron un recital fallido del argentino Rodrigo Tapari.
En La Paz hubo tres cancelaciones sin devolución de entradas: el Festival chaqueño, organizado por Gino Brandon Lazarte, el Illimani Fest, de la empresa Squad Productions y el suspendido recital del mexicano Christian Nodal, que fue organizado por Emilio Santos.
Por los dos últimos casos hay acusados de estafa múltiple. Paola Chávez, organizadora del Illimani Fest, que incumplió con la presentación del dúo reggaetonero Rakim y Ken-Y, fue aprehendida el miércoles. Mientras que el representante de Dream Productions guarda un mes de reclusión tras la cancelación del concierto de Nodal.
“No hay un registro de las empresas que ofrecen servicios de entretenimiento, no hay una asociación de productoras”, señala Silva, en respuesta a por qué no se detiene el accionar de estas personas, ya que algunas son reincidentes.
“Algunas se inventan nombres y no están inscritas como empresas formales. El número de NIT que presentan tiene como representante a una persona particular o directamente no tienen personalidad jurídica, ni están registradas”, advierte la autoridad. Agencias