Riberalta vive momentos difíciles. El municipio beniano ayer amaneció con su aeropuerto tomado por pobladores que están protestando por la forma en cómo se detuvieron a balseros en un operativo que se realizó en el río Madre de Dios en contra de la extracción ilegal de oro. Las cooperativas mineras en la zona se declararon en emergencia y acusan al Gobierno de vulnerar sus derechos. Mientras, un diputado de oposición anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este hecho violento.
La presidenta de la cooperativa minera Asobal, Elizabeth Coronado, denunció que las balsas que fueron quemadas en el operativo tenían los papeles en orden y descartó que sus afiliados que ahora están aprehendidos realicen actividades ilícitas en el río Madre de Dios. La cooperativista anunció que su organización se declara en emergencia por la forma en cómo aprehendieron a sus afiliados.
“El ministro (Eduardo) del Castillo informa que todas las embarcaciones que explotó eran ilegales; eso es falso, todas esas embarcaciones tienen documentación, inclusive algunos compañeros fueron con poleras o papel higiénico a pedir paz, pero igual recibieron golpes y fueron a parar al lodo. Explotaron las embarcaciones cerca de ellos. Esto fue una puñalada por la espalda, todo lo que hacemos es legal, tenemos toda la documentación al día, ¿por qué no hicieron lo mismo con otras cooperativas que explotaban en el río Orthon?, eso era ilegal”, acusó Coronado.
Varias organizaciones de Riberalta iniciaron protestas contra la aprehensión de los mineros. Los mototaxistas invadieron la pista de aterrizaje del aeropuerto Selin Zeitun López. Además, las cooperativas mineras se declararon en emergencia, como también la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), que, según su presidente, Santiago Cruz, la cooperativa minera Madre de Dios Asobal sufrió un “atentado”.
Por su parte, el diputado Óscar Balderas, anunció que acudirá a la CIDH por la forma violenta en cómo se aprehendió a las personas.
