Ministerio público manipula la justicia a cambio del mejor postor

El infierno de los inocentes: la historia de la injusticia y corrupción vivida por la periodista boliviana Selva Camacho Gonzales. Es una obra que recopila durante diez años las historias de injusticia, abuso y violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario boliviano.

En su libro, Selva Camacho presenta relatos de varios prisioneros que exigen un cambio en la justicia, pidiendo que sea más humana y que se apliquen las leyes sin influencias externas. El Ministerio Público también posee fiscales deshonestos que utilizan su poder para manipular causas penales a cambio de dinero.

En Bolivia, la corrupción no se detiene en los juzgados; también infectó al Ministerio Público. Hay fiscales que no buscan la verdad, la negocian porque ellos tienen el poder de todo: abrir una investigación o enterrarla, hacer aparecer pruebas o desaparecerlas, anular una imputación o confirmarla, y ese poder que debería proteger al inocente se vende al mejor postor; así la justicia deja de ser justicia y se convierte en un arma en manos de quien pueda pagarla.

El ministerio público puede manipular causas penales a cambio de dinero, aunque su función debería ser defender la legalidad y los intereses del Estado y la sociedad, actuando con objetividad e imparcialidad. La manipulación de casos por dinero constituiría corrupción, lo cual es un delito grave para los miembros del ministerio público, según lo establecen las leyes, el cual es denunciado, pero nunca escuchado.

El último caso que involucra a altas autoridades judiciales, un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, fue revelado el pasado 11 de junio, tras una denuncia presentada inicialmente por el propio De la Fuente.

El caso Consorcio fue activado debido a la denuncia de manipulación de un proceso judicial para forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Fanny Coaquira.

De los ocho implicados, siete ya fueron cautelados. Según las investigaciones, el caso revela una presunta red de manipulación de decisiones judiciales mediante influencia concertada entre abogados, fiscales y jueces.