El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó ayer, que si “tocan a algún solo soldado o algún policía (en algún sector), después aténganse a las consecuencias”, haciendo referencia a la exigencia que había hecho aparentemente personal de la Gobernación de Cochabamba para que un despliegue militar-policial abandone hasta le mediodía de hoy las instalaciones de Misicuni, ubicado en la localidad El Paso, del municipio de Quillacollo.
“Quiero decirle a la gobernadora, con todo respeto, que nadie tiene porque pedirle permiso a usted y a nadie para cuidar bienes del Estado. A la asambleísta de Quillacollo, no tenemos por qué pedir permiso para cuidar lo que es de 11 millones de bolivianos”, aseguró hoy en una conferencia de prensa en el Comando Departamental de Cochabamba.
De acuerdo a las declaraciones de Murillo, un grupo de patrullaje de las Fuerzas Armadas aparentemente recibió amenazas de «potenciales atentados» contra las instalaciones de Misicuni. “Por eso nuestras fuerzas han mandado a patrullar todos esos recursos”.
Indicó que llevara a cabo una denuncia penal contra el secretario General de la Gobernación, del que no tenía registrado su nombre, para que “vaya a declarar quiénes y cuándo le han dado las instrucciones para ponerle día y hora para que salgan nuestras fuerzas armadas”, finalizó. Opinión