La madrugada del 26 de junio de 2006, Jeannette Bejarano Vargas tomó el arma de reglamento de su esposo, el sargento Ariel Esteban Conde Alparu, y mientras éste estaba sentado en su cama, le disparó tres veces. El padre del militar, Esteban Conde Blanco, peregrina por los tribunales desde hace seis años para lograr que la asesina de su hijo cumpla la condena de 30 años que se le impuso. Está en libertad desde 2015, favorecida por dos jueces y una fiscal.
La norma establece que el cómputo de la sentencia se inicia desde la fecha en que la persona condenada es encarcelada. En el presente caso, Bejarano fue detenida en junio de 2006, por lo que debía permanecer recluida en el penal de Miraflores hasta 2036.
Según documentos revisados por este medio, el juez Ayaviri amplió la detención domiciliaria de Bejarano por ocho meses, el 1 de octubre de aquel año. El 27 de abril de 2018 se extendió la medida por un año más, y finalmente, el 22 de marzo de 2019, se emitió una cuarta resolución con el mismo beneficio, pero esta vez por un año y 10 meses.
En todas las ampliaciones del beneficio, se hizo alusión a un supuesto grave estado de salud de la sentenciada. En los expedientes se citan diversas dolencias, pero sin respaldo documental.
Ramiro Cabrera, abogado del suboficial Conde, explicó que ninguno de esos diagnósticos fue verificado por médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
En todo ese tiempo, el suboficial Conde y su abogado interpusieron una serie de recursos para que los jueces terminen con los beneficios que se ampliaban para la sentenciada asesina de su hijo. Pero no fueron escuchados y la familia del militar dice que fue víctima de maltrato y burlas de las autoridades judiciales.
El padre de Ariel Esteban Conde relató que sus tres hijos menores y su esposa decidieron ya no insistir más con la sentencia, no sólo por las amenazas de muerte que en algún momento recibieron, sino también porque estaban convencidos de que todo el sistema judicial está corrompido. Agencias