El 24 de mayo, Arturo Murillo fue presentado ante un tribunal de Miami, que dictó su detención y se fijó audiencia preliminar para el 26 de mayo. Dos días después el exministro estuvo representado por un abogado y se acordó celebrar la audiencia de detención el 7 de junio, la cual no se llevó a cabo y quedó suspendida para julio.
Murillo tenía derecho a una audiencia dentro de los 14 días, pero se extendió el plazo por la complejidad del caso.
Hasta el 9 de julio, tanto la defensa como la fiscalía deben revisar el caso y ambas partes han expresado “su deseo de discutir una posible resolución del mismo”, según el documento judicial que firmó Murillo para aplazar su audiencia.
Con ello, Murillo renuncia a cualquier objeción bajo la ley del juicio rápido y acepta permanecer detenido por este tiempo.
NEGOCIAN SU FUTURO
“Tenemos conocimiento de que están en tratativas, se estaría viendo para que el señor Murillo pueda tener algún beneficio bajo las reglas de la justicia norteamericana”, informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
La autoridad no descartó que el exministro negocie los cargos en su contra a cambio de información que lo ayude a reducir su condena o lograr su libertad.
Chávez señaló que en caso de que Murillo logre una condena menor, igual deberá enfrentar los procesos que se iniciaron en su contra en el país, previo un trámite de extradición.
El abogado Thomas Becker que asesora a las víctimas de Senkata, explicó anteriormente que es muy raro que una persona pueda recibir 20 años por lavado de dinero y 15 años por soborno, penas que en el caso de Murillo se puede negociar. “Lo más probable es que si se declara culpable, no va a recibir los 20 años, puede recibir 3, 5 u ocho años”, declaró el jurista.
Murillo fue detenido, luego de que su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fue acusado de recibir sobornos de parte de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, que ofició de intermediaria en la compra de gases lacrimógeno a la empresa brasileña Cóndor. /Unitel