Mediante una carta enviada al periodista español, Alejandro Entrambasaguas, el exministro Arturo Murillo ofreció ser extraditado a Bolivia, pero puso dos condiciones: que Jeanine Añez tenga detención domiciliaria y que el coronel Maximiliano Dávila sea entregado a Estados Unidos.
“(…) quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la ex presidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros”, dice la carta de Murillo.
En su carta, Murillo manifestó: “Lo mínimo que ahora puedo hacer es poner mi vida disposición de la ex presidenta Áñez”.
Aseveró que, en su momento, dijo a Añez que saliera del país, pero ella prefirió hacer caso a otra gente. “Pero, ahora que veo que la están destrozando en un falso juicio, estoy dispuesto a sacrificarme por ella. Todo a cambio de que gane la ex presidenta Áñez y de que gane Bolivia”, agregó.
En el contexto del juicio contra Añez, Murillo reprochó que “ex colegas senadores y jefes de partidos políticos, así como la Iglesia y la comunidad internacional, que fueron parte de las negociaciones del proceso de transición constitucional, así como integrantes del MAS como Adriana Salvatierra y Susana Rivero entre otras personas, no están dando la cara”.
Sostuvo que Añez “tuvo la valentía de asumir el rol que la historia le dio” y que “se salvaron miles de vidas en Bolivia”.
El exministro se encuentra detenido en Miami, Estados Unidos, es investigado y acusado por el Departamento de Justicia por integrar una presunta trama de sobornos a cambio de contratos. En el grupo habrían participado también el exministro de Defensa Fernando López, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal y tres estadounidenses. Todos ellos son señalados por favorecer un contrato para la adquisición de gas lacrimógeno a cambio de la suma de 5.6 millones de dólares.
418 días de prisión
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz decidió dejar en suspenso el juicio ordinario denominado “Golpe II” que se había instaurado contra la expresidenta Jeanine Áñez hasta que el Tribunal Constitucional (TCP) se pronuncie sobre la legalidad de este proceso legal.
La expresidenta alertó que este miércoles podría emitirse una sentencia en su contra dentro del proceso por el denominado caso “golpe II”, sin que se hubiera considerado una acción de inconstitucionalidad presentada por su defensa.
Mediante su cuenta en Twitter, la mujer, que cumple 418 días detenida preventivamente en La Paz, denuncia que se sienta un “funesto precedente de indefensión” que no se resuelva su recurso contra los delitos por los que es procesada. Agencias