La sentencia que condena a 70 meses de prisión al exministro Arturo Murillo en una cárcel de Estados Unidos (EEUU) establece que podrá tener tener vigilancia domiciliaria. El Gobierno señala que esa disposición estará vigente luego que concluya el tiempo de condena.
“El acusado participará en el Programa de vigilancia electrónica de detención domiciliaria durante los primeros 16 meses de supervisión. Durante este tiempo, el demandado deberá permanecer en su lugar de residencia, excepto para el empleo y otras actividades aprobadas con anticipación, y proporcionará al Oficial de Libertad Condicional de los EEUU la documentación solicitada”, reza en parte de la sentencia.
“Hay una ola de desinformación en el caso de Arturo Murillo”, dijo ayer lunes el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien desmintió la versión que ha circulado en las últimas horas de que el exministro de Gobierno tiene arresto domiciliario y que además tendría derecho al trabajo.
Indicó que la vigilancia domiciliaria se aplicará una vez que Murillo cumpla los 70 meses de reclusión en la cárcel federal de Miami.
“Al salir de prisión, todavía, Arturo Murillo estará en libertad supervisada por un tiempo de tres años adicionales al tiempo de prisión. Esta es una práctica que se da en el sistema (de justicia) norteamericano”, aseguró Chávez.
El abogado estadounidense Thomas Becker declaró a Página Siete Digital que verificó, en el sistema público de EEUU, que Murillo aún continúa en la cárcel, ello ante versiones de que supuestamente habría sido beneficiado con detención en su domicilio. Complementó que en ese país un recluso, tras cumplir su condena, aún debe ser vigilado por un tiempo, pero aquello no significa que tenga detención domiciliaria.
“Tiene cumplir su sentencia de 70 meses, si puede bajar su sentencia, pero no hay información sobre esto. Hay un registro de presos y he verificado que Murillo está en la cárcel”, enfatizó.
El 4 de enero, Murillo fue condenado a cinco años y 10 meses de cárcel por el delito de lavado de dinero, por el caso de la compra de material antidisturbios con sobreprecio. Agencias
