La mañana de este lunes, en puertas del despacho del alcalde José María Leyes se dejó las notificaciones de los dos procesos en la Comisión de Ética del Concejo, iniciándose formalmente las investigaciones del caso.
La concejal Rocío Molina, quien es miembro de dicha comisión, explicó que son dos casos referidos a dos resoluciones que “el alcalde ha incumplido con plazos súper abundantes”.
La primera resolución es la referida al proceso de la adquisición de los productos de la Canasta Familiar, y el cronograma de entrega de esta ayuda a familias de escasos recursos de nuestro municipio. Resaltando que existieron numerosas quejas de algunos dirigentes zonales, que aseguraron que las Canastas se repartieron entre mesas directivas paralelas, e incluso el beneficio no llegó a determinadas zonas.
La segunda resolución se refiere a las peticiones de informe de los manejos que dio la Alcaldía a los más de 65 millones de bolivianos destinados para las acciones preventivas contra el coronavirus, así como el fortalecimiento de los centros de salud y hospitales municipales.
Molina explicó que el burgomaestre tiene 10 días para presentar sus descargos ante el Concejo Municipal, caso contrario se continuará con el proceso, pudiendo la Comisión de Ética sancionarlo con llamadas de atención, descuentos salariales o incluso la suspensión de sus funciones sin goce de haber por 30 días.
Los últimos meses, el Concejo ha solicitado informes acerca de 21 temas relacionados con la cuarentena y las acciones contra el Covid-19. Pero, solo después de que los concejales aprobaran iniciar un proceso administrativo y legal contra Leyes, recién el Ejecutivo comenzó a enviar los informes solicitados, estando algunos de ellos incompletos o sin respaldos.
El pasado jueves, el Concejo presentó una denuncia por incumplimiento de deberes contra el alcalde ante la Fiscalía Departamental.