Las deudas que tiene el gobierno con empresas constructoras provocaron que al menos 19 unidades educativas que tenían proyecto de ampliación de aulas queden paralizadas y bajo amenaza de ser abandonadas por los constructores.
Solo en el municipio de Quillacollo se tienen ocho unidades educativas que estaban siendo mejoradas con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), perteneciente al Ministerio de Presidencia; así como otras 11 ampliaciones en colegios de Cercado.
Hernán Villanueva, representante de una de las empresas afectadas, explicó que desde el cambio de gobierno, en noviembre de 2019, las autoridades se desentendieron de sus obligaciones de pago e incluso no habrían designado presupuesto para el pago de estas obras en el presupuesto de este año.
Explicó que tanto las empresas constructoras como las juntas escolares de estos colegios enviaron numerosas cartas a la UPRE, a la Alcaldía, Concejo e incluso al Defensor del Pueblo, para que se encuentre una solución a este tema, pero no existe una respuesta.
En una ocasión, cuando fueron hasta la ciudad de La Paz para entrevistarse con miembros de la UPRE, después de una breve discusión solo les dijeron “se dará prioridad a las obras de la gestión de la presidenta”, contó Villanueva; resaltando que el contrato que ellos firmaron fue con el Estado y no con un presidente.
CLASES EN PATIOS
En la mayoría de estas unidades educativas se tuvo que demoler las aulas antiguas que se tenía, para que se construyan las nuevas y los salones para las clases de ramas técnicas que iban a implementarse, pero estas en algunos casos quedaron solo en la estructura de cemento y otras pocas tienen solo muros.
“Los niños estaban pasando clases en el patio, para que no les haga frío les hemos puesto paredes de gangocho”, comentó uno de los padres de familia de la unidad educativa Milivoy en el municipio de Quillacollo. Contó que ellos se opusieron a la demolición de las aulas antiguas porque tenían miedo que las nuevas no se concluyan en el plazo determinado.
Mientras tanto en otros colegios, las pocas semanas de clases presenciales que se tuvo este año, los estudiantes de dos cursos debieron acomodarse en un aula e incluso los padres de familia tuvieron que buscar lugares donde les puedan prestar o alquilar ambientes para las clases de sus hijos.
“Sabíamos que algo así iba a pasar, por eso no queríamos que no los toquen nuestros cursos (…) Ahora qué va a ser de nuestros hijos el próximo año”, cuestionó uno de los padres.