La Universidad Mayor de San Simón se adentra en una crisis que trató de evitar por todos los medios posibles, luego del fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejó invalidado el Congreso universitario que dio origen al nuevo estatuto con el que funcionaba la casa superior de estudios.
Luego de que la sentencia se dio a conocer y desde el Frente Urus recalcaran que existía ilegalidad dentro la San Simón, autoridades universitarias solicitaron una aclaración y complementación al TCP, pero esta fue rechazada el pasado viernes, dejándoles solo una opción cumplir la misma.
Debido a esto, desde el rectorado retrocedieron en su posición que defendía a capa y espada el nuevo estatuto y congreso, pese a que días atrás empezaron a llegar renuncias de autoridades universitarias, por lo que emitieron un comunicado en el que conminan a autoridades renunciar a sus cargos.
“Habiendo agotado la vía de aclaración y complementación a la referida sentencia, que se orientaba a sostener la institucionalidad a nivel de las diferentes unidades facultativas, así como garantizar y proteger a las autoridades electas y, habiendo resuelto el TCP no ha lugar corresponde hoy en la vía de cumplimiento de la sentencia, a finde evitar responsabilidades futuras, solicitar a sus personas hacer la dejación de sus cargos, sin perjuicio de realizar las acciones legales que creyeran conveniente en resguardo de sus derechos, en el marco de las normas universitarias actualmente vigentes”, señala el mismo.
Según Jarlin Coca, abogado del Frente URUS, las renuncias solo son una parte de lo que debe hacerse, ya que se registrará un ‘vacío de poder’.
“Este vacío de poder, no hay instancia regulada que pueda resolver y se tiene que resolver en base a los principios que están en el estatuto de la universidad, que son la autonomía, del cogobierno de las facultades, es decir que se respete la constitución de comités electorales por facultad en el marco del Cogobierno y deben ser avaladas como las instancias legítimas para poder llevar adelante los procesos electorales”, señaló.
Aparentemente, solo cuatro facultades no fueron afectadas por dicho fallo, pero se estima que cerca a 300 autoridades terminen presentando sus renuncias.
“Hay como 300 personas que van a renunciar entre concejeros, facultativos, de carrera, universitarios, directores administrativos de la universidad, son 10 facultades”, agregó.
Coca asegura que desde la realización del observado congreso se advirtió sobre la ilegalidad del mismo, pero que primaron ‘intereses de grupo’ relacionados con las elecciones que se desarrollaron.
Finalmente, explicó que la Contraloría General del Estado podría realizar una auditoria para determinar el posible daño económico y lo que esto implicaría.