La orden de aprehensión en contra de la ex asambleísta departamental y activista medioambiental, Neira Budellmann, pone en evidencia un conflicto que se remite a más de dos años. Bajo los delitos de deterioro de bienes del Estado, violencia contra militares y asociación delictuosa, el fiscal Roberto Ruiz dictaminó la orden de aprehensión en contra de Budellmann.
La directora Regional de la Aduana, Susana Cazón, acusó a la ex asambleísta de instigar a la violencia contra militares y funcionarios de la Aduana, hecho ocurrido durante el asalto a las instalaciones que esta repartición estatal tiene en Arroyo Concepción. En contacto telefónico con Buddelmann, la activista lamenta que la causa esté cursada en Santa Cruz de la Sierra y no en Quijarro, lugar donde ocurrieron los hechos. Esta irregularidad acrecienta las dudas en la denunciada que ya califica el hecho como persecución política.