A menos de un mes de ser posesionado, el nuevo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo ordenó realizar auditorías especiales en todos los procesos de compras de esa cartera de Estado. La orden busca determinar si hubo anormalidades en la gestión del exministro, Arturo Murillo. También se paralizaron todos los procesos de contratación que no estaban concluidos.
Del Castillo señaló que tras haber revisado personalmente la documentación de su ministerio se percató de una serie de irregularidades técnicas y administrativas.
«He revisado personalmente cada una de las compras que ha realizado el Ministerio de Gobierno durante el gobierno de facto; sin embargo, he solicitado personalmente a la nueva auditora que realice auditorías especiales», dijo Del Castillo, en entrevista con el programa Detrás de la Verdad.
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La nueva autoridad, recordó una serie de denuncias realizadas por medios de comunicación contra la exautoridad sobre casos específicos, como la adquisición de gases lacrimógenos. Adelantó que esta compra será revisada en las auditorías especiales que ordenó.
En su informe, la autoridad dice que en 15 días saldrán los primeros resultados o informes de este proceso y con pruebas se dará a conocer si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Todas las compras que se estaban iniciando en el Ministerio de Gobierno y que no han sido concluidas, las hemos paralizado hasta tener los informes con los cuales emanaron estas compras. Hemos paralizado absolutamente todos los procesos de contratación para empezar a investigar cuáles eran los fines», añadió.
El ministro anunció que los contratos firmados en la anterior gestión y que aún siguen vigentes, serán «dados de baja» el próximo 31 de diciembre.
Sin embargo, también aclaró que los procesos que correspondan serán ampliados por un par de meses más para no paralizar la gestión.
No obstante, aseguró que “la mayoría de las compras que realizó el Ministerio de Gobierno” a la cabeza de Murillo, tenían dos fines, uno eran fines personales “para percibir algún tipo de beneficio” y el otro para reprimir al pueblo. “Ambas situaciones son lamentables, ilegales e iban en contra del pueblo boliviano”, dijo. Agencias