Desde la Gobernación informaron que el gobierno central redujo un 17% del presupuesto de esta institución, esto significa que la institución tendrá 51 millones de bolivianos menos para la ejecución de obras y proyectos.
Según el asambleísta Mario Orellana, no se formalizó el recorte presupuestario, pero esta medida económica no debería afectar solamente a la ejecución de proyectos y obras, como lo mencionaron algunas autoridades, sino que se debe reducir algunos gastos de otras áreas.
“La primera medida que se tiene que tomar es una disminución de los salarios de los asambleístas, para que en función de eso también exista un ajuste en los sueldos de toda la institución (…) lo propio tiene que ocurrir en el Ejecutivo (la Gobernación)”, indicó Orellana.
Explicó que la Gobernación al generar escasos recursos propios, depende casi por completo del dinero entregado por el Tesoro General de la Nación (TGN), mostrando que se hizo poco o nada para fortalecer la autonomía departamental.
Señaló que envió una solicitud al Secretario de Finanzas para detalle qué obras y proyectos se ven afectados por el recorte presupuestarios, para que se busque la manera de redistribuir el dinero y evitar grandes perjuicios al desarrollo del departamento.
Por otro lado, quienes fueron más alarmistas, fueron miembros de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) ya que consideran que este recordé va en contra de la gestión de la Gobernación y el desarrollo de la llajta.
“No puede ser que nos recorten (presupuesto) para los proyectos de continuidad y proyectos nuevos que están esperando para el desarrollo de las 16 provincias del departamento de Cochabamba”, indicó el asambleísta Daniel Torres.
Mientras tanto, para la asambleísta Lizeth Beramendi, las declaraciones del recorte presupuestario “son políticas”, ya que no enviaron ninguna información oficial hasta la Asamblea Legislativa Departamental que respalde dicho anuncio, ya que se desconoce “de dónde se está recortando, si es de IDH, de impuestos” o de qué partida presupuestaria.