Tres empresas se ofrecieron para hacer el análisis de integridad electoral dentro del caso fraude electoral en 2019 y el trabajo costó 216.193 bolivianos.
El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, detalló que el presupuesto salió del Ministerio Público, correspondiente a la partida de gastos de investigación y los consideró ínfimos en relación a la tarea ejecutada. “No es una designación ni un pedido directo, fue algo emergente de una convocatoria pública y el presupuesto que se destinó fueron 216.193 bolivianos, equivalentes más o menos a unos 30.000 dólares, que al nivel de pericia que se solicitó, es un monto menor”, explicó.
Los datos indican que hubo tres proponentes; una empresa de la ciudad de La Paz, otra que corresponde a Marcela Peñaloza, perito con sede en México, y el grupo de Investigación Deep Tech.
