El presidente chileno Sebastián Piñera vetó parcialmente este jueves una ley que suspende el corte de los servicios básicos por no pago en medio de la crisis derivada del coronavirus, afirmando que los beneficios se mantendrán pero la oposición acusa que limitará los alcances de la iniciativa.
La normativa asegura la mantención del suministro de los servicios básicos, de electricidad, gas de cañería y telecomunicaciones por un plazo de 90 días después de promulgada la iniciativa aunque el pago esté en mora. Las deudas se pagarán hasta en 12 cuotas, sin multas ni intereses.
El veto ingresado este jueves al Congreso suprime un artículo de la ley que prohíbe a las empresas recuperar los costos que implica para ellas la implementación de este proyecto de ley y establece un límite de consumo de agua potable.
El Ejecutivo deja afuera también de la norma a los servicio de telecomunicaciones, a los que no considera como de carácter «básico».
«El Gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación y por tanto, el acceso de las personas a los beneficios, además, podría exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones», explicó a periodistas el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
Pero, agregó el ministro, «no se afecta ningún beneficio; no se van a cortar los suministros básicos».
Parlamentarios de oposición criticaron la medida y anunciaron que se opondrán en el Congreso.
«Lo que hace este veto es limitar su alcance y, por lo tanto, que sus efectos sean más restringidos. Lamentamos que este gobierno le dé una vez más la espalda a la ciudadanía y se ponga del lado de las grandes empresas», dijo el diputado opositor Raúl Soto.
«Este veto solo confirma la coherencia de este gobierno de proteger a las grandes empresas, en perjuicio de quienes más lo necesitan», afirmó la diputada Cristina Girardi.
Chile, con casi 18 millones de habitantes, ha sido uno de los países más afectados de la región por la pandemia de coronavirus, con más de 300.00 contagiados y más de 10.000 muertos confirmados y «probables» de esta enfermedad.
La larga cuarentena en Santiago, donde se concentra gran parte del PIB, golpeó la economía, expuso a la pobreza a miles de hogares y las clases medias piden algún tipo de subsidio ante la pérdida de empleos y de poder adquisitivo en una sociedad donde una franja importante de la población está endeudada en un 75%.