Tras largos años de espera revelaron más irregularidades en el caso del Plan Maestro II en Quillacollo, obra que terminó por convertirse en una estafa millonaria involucrando a exautoridades y una pérdida económica de 60 millones de bolivianos que fueron desembolsados.
En noviembre de 2006, la Alcaldía de Quillacollo recibió un financiamiento de 8 millones de dólares para ejecutar el “Plan Maestro”, pasaron 18 años y a la fecha la obra nunca fue concluida y parte de la misma yace bajo las calles de este municipio.
Desde entonces el pedido de justicia quedó postergado, al igual que el fallido proyecto, los procesos iniciados contra exautoridades y empresas se desarrollaron en medio de irregularidades que ahora se empiezan a conocer.
Según la red ATB, uno de los empresarios acusados fue beneficiado con la revocatoria de medidas cautelares, se trata de Carlos C. representante de la empresa Chaco, quien se benefició con detención domiciliaria y debe presentarse a firmar un libro de registro.
Pero al contrario de este, los otros implicados no recibieron ningún tipo de represalia, son seis empresarios, entre ellos, Jaime P.o., Florencio M.P., Ernesto A.P., Marcelo B.A. y Marco R.Z.
“Solamente alcaldes han sido condenados donde está la empresa, entiendo yo que ‘Plan Maestro II’ están ellos, esperemos que estos señores devuelvan”, señaló Eduardo Mérida, exalcalde de Quillacollo.
Autoridades piden que los recursos que superan los 60 millones de bolivianos sean devueltos.
“Ha sido un dolor para los quillacolleños y quillacolleñas dentro del plan II que se ha presentado las empresas que han sido ejecutoras no han podido demostrar algunos, no han podido demostrar si realmente existe la tubería de agua, alcantarillado, en esa cuadra o en esa calle porque no funciona no sabemos y así le han dejado de la noche a la mañana, después de cobrar incluso las planillas. Eso me preocupa por eso, digo las autoridades y técnicos donde estaban”, señaló Roberto Castro, presidente del Concejo Municipal.
Según documentación, los empresarios imputados incumplieron sus medidas cautelares, no pagaron fianza, no se tramitaron arraigos en su contra y tampoco cumplieron con el registro biométrico que dispuso un tribunal de justicia.
Según el medio, a la audiencia de Carlos C. no acudió ningún representante de la Fiscalía y solo se envió un cuestionable informe escrito en el que se informa que los otros procesados estarían cumpliendo sus medidas cautelares.
Entre las irregularidades del caso que son dadas a conocer años después se cuestiona también que el exasesor jurídico de la Alcaldía de Quillacollo, Jhony V.C. de la actual gestión municipal, también era el asesor legal del empresario Jaime P. uno de los empresarios querellados.
Actualmente, se desconoce las acciones que se asumen desde el Municipio de Quillacollo y según el medio, el asesor jurídico no estaba autorizado por el alcalde para poder dar información.
Según se conoce, Héctor Cartagena desvinculó al abogado Jhony V.C. pero nunca se iniciaron acciones por patrocinio infiel en su contra, con el agravante de que la víctima es el estado.
El proceso fue reanudado como el “Plan Maestro II” y fue intervenido por la Contraloría General del Estado, en su intento de finalmente llevarle una respuesta a la población de este municipio.
Desde la instancia se anunció la solicitud de una nueva audiencia, se ampliará el proceso por falsificación de documentación y se procesará al fiscal que se encontraba a cargo de la causa por incumplimiento de deberes, ya que entre otras faltas no habría sustentado la acusación pese a las pruebas que existían.
“Hemos hecho una decisión que también de intervenir en ese proceso dándole la ultra priorización a este caso para ir ya no más a juicio oral estamos en la etapa preparatoria para el juicio oral, vamos a acelerar que esta actividad se realice y claro si bien ha habido una sentencia que ha sancionado a los responsables este último, este caso que también ‘Plan Maestro II’ para los otros coautores que se les ha ido involucrando en el primer juicio también tenemos que obtener una sentencia ejemplar”, aseveró Abel Suazo representante departamental de la Contraloría general del Estado.