Vecinos del barrio Alto Arbieto, en la zona de Belén, denunciaron ante la Fiscalía y la Policía una ola de ataques, robos y agresiones por parte de un grupo de presuntos avasalladores. Según los afectados, más de 80 viviendas han sido saqueadas, y varias personas han resultado heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad.
Los pobladores exigen la intervención inmediata de las autoridades y acusan a la Policía de inacción ante los constantes hechos de violencia. «Nos están despojando de nuestros hogares y nadie hace nada. Necesitamos que la Fiscalía actúe antes de que esto termine en una tragedia mayor», manifestó uno de los vecinos afectados.
VIVIENDAS SAQUEADAS Y TEMOR EN LA COMUNIDAD
Las víctimas relatan que los agresores ingresaron a las casas de manera violenta, destruyeron puertas y ventanas, y se llevaron pertenencias de gran valor. «Nos han quitado todo, garrafas, camas, muebles, ropa. Han arrasado con las casas de los exadjudicatarios, no han dejado nada», denunció una de las vecinas.
Algunos testigos aseguran que, en medio del caos, hubo enfrentamientos que derivaron en personas hospitalizadas. Pese a las múltiples denuncias, los pobladores sostienen que las fuerzas del orden no han tomado medidas para detener a los responsables.
ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS EXIGE ACCIONES INMEDIATAS
El abogado Nelson Terrazas, representante de los afectados, calificó estos hechos como delitos de avasallamiento, robo agravado y lesiones graves y gravísimas. «No se puede permitir que estas personas ingresen a la propiedad privada y cometan estos abusos con total impunidad. Estamos aquí en la Fiscalía exigiendo que se inicie una investigación y que los responsables sean procesados conforme a la ley», declaró.
Los vecinos han expresado su indignación y preocupación ante la posibilidad de nuevos ataques, por lo que reiteraron su pedido de resguardo policial y justicia. «Si las autoridades no actúan, esto seguirá ocurriendo. No podemos vivir con miedo en nuestras propias casas», enfatizó otro de los afectados.
RED DE AVASALLADORES OPERA EN COCHABAMBA
La denuncia formal presentada ante el Ministerio Público ha sacado a la luz una presunta organización criminal dedicada al avasallamiento de terrenos en Cochabamba, la falsificación de documentos y la venta ilegal de propiedades. Según el documento registrado, la red estaría conformada por dirigentes vecinales, funcionarios públicos y operadores inmobiliarios que, durante al menos cuatro años, han ejecutado una serie de delitos afectando a miles de familias.
Los afectados exigen la intervención inmediata de la Fiscalía y la Policía, señalando que este grupo de personas ha utilizado la violencia, armas y la falsificación de documentos para apropiarse de terrenos del Estado y de particulares, revendiendo estas propiedades a ciudadanos que compraron de buena fe.
GRUPOS ARMADOS Y AVASALLAMIENTOS ORGANIZADOS
El denunciante señala que los involucrados, identificados con nombres y apellidos en la Acusación, han conformado grupos de choque armados con revólveres, dinamitas y cuchillos para tomar terrenos por la fuerza. La modalidad de este grupo consistía en invadir predios, expulsar a sus legítimos propietarios y falsificar documentos a través de contactos en instituciones públicas.
Entre los acusados figuran funcionarios del INRA Departamental Cochabamba, el Concejo Municipal de Arbieto y el Control Social de Arbieto , quienes presuntamente han facilitado documentación adulterada para la legalización de los terrenos avasallados. Posteriormente, estos predios fueron vendidos mediante inmobiliarias que operan en distintos puntos de la ciudad, incluyendo Jatun Wasi, Cochala, Premier Bienes Raíces y Cochala II , generando millonarias sumas de dinero.
MÁS DE 8.000 PERSONAS ESTAFADAS
Según la denuncia, este esquema habría afectado a más de 8.000 personas, quienes adquirieron terrenos en los distritos 3, 5 y 7 de Arbieto, así como en la zona de Falsuri en Quillacollo, sin saber que estos habían sido tomados ilegalmente.
Las ganancias obtenidas de estas ventas fraudulentas habrían sido blanqueadas mediante la apertura de cuentas bancarias y la compra de bienes inmuebles y vehículos registrados a nombre de familiares de los presuntos implicados, configurando así delitos de legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada.
IMPUNIDAD Y EXIGENCIA DE JUSTICIA
A pesar de la gravedad del caso, las víctimas denuncian que, hasta la fecha, las autoridades no han tomado acciones concretas para investigar y frenar a este grupo delictivo. «Este hecho es de conocimiento público y ha afectado a miles de ciudadanos, pero sigue ocurriendo sin consecuencias para los responsables», señala la denuncia.
Los afectados exigen que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva y que se ordene la detención preventiva de los principales implicados, además de la recuperación de los terrenos avasallados.
«Si no se actúa de inmediato, esta organización criminal seguirá operando con total impunidad, afectando a más personas y debilitando el derecho a la propiedad privada en el país», advierten los denunciantes.
Ante la falta de respuesta, las víctimas anuncian que recurrirán a organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo e incluso instancias internacionales para exigir justicia y frenar este esquema de estafa masiva que, según afirman, podría seguir creciendo si no se desmantela de inmediato.
Desarticulan red de avasalladores y estafadores de tierras en Cochabamba: Funcionarios públicos, dirigentes y notarias implicadas en fraude millonario
Cochabamba, Bolivia – Una extensa red de avasalladores y estafadores de tierras ha sido denunciada formalmente ante el Ministerio Público, revelando un esquema de corrupción que involucra a funcionarios públicos, dirigentes de organizaciones territoriales y notarias en la falsificación de documentos y venta fraudulenta de terrenos fiscales. y privados.
Entre los principales implicados figuran Jhimy Inturias Condori, Franz Chávez, Demetrio Maldonado, Limber Martínez Fernández, José Orlando Heredia (Concejo Municipal de Arbieto), Omar Velásquez Cajas (Control Social de Arbieto), Juan Carlos Astete, Viviana Chipana Cortez, David Chipana Cortez , Noemí Chipana Cortez, Moisés Chipana Cortez, Hilaria Bernal Veizaga, Juan David Villca Mamani, Freddy Rocha Zambrana, Eloy Flores Calle, Néstor Soto Claros, José Luis Coca Perla, Gualberto Bustamante Ucieda y Franz Fernando Lavayen (INRA Cochabamba) , quienes habrían conformado un grupo criminal dedicado al tráfico ilegal de tierras en los municipios de Arbieto y Quillacollo , estafando a más de 8.000 personas .
La denuncia detalla la falsificación sistemática de documentos, la complicidad de notarías e inmobiliarias como Jatun Wasi, Cochala, Premier Bienes Raíces y Cochala II, y el presunto lavado de dinero mediante la compra de bienes y apertura de cuentas bancarias a nombre de familiares de los implicados.
El caso ha generado conmoción en la opinión pública, exigiéndose una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y frenar el accionar de esta presunta organización delictiva que habría operado con total impunidad durante al menos cuatro años.
RESUMEN DE LA DENUNCIA:
Se denuncia la existencia de una organización criminal que se dedica al avasallamiento de tierras (tanto privado como fiscal), falsificación de documentos y posterior venta fraudulenta de terrenos mediante inmobiliarios y notarios presuntamente cómplices. Los involucrados incluyen funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones territoriales. Se estima que aproximadamente 8.000 personas han sido estafadas mediante este esquema. Además, los beneficios económicos obtenidos de manera ilícita fueron legitimados mediante la compra de bienes inmuebles, vehículos y apertura de cuentas bancarias a nombre de familiares de los implicados.
Solicitudes ante el Ministerio Público:
•Investigación formal del grupo denunciado por los delitos de organización criminal, estafa agravada, falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, enriquecimiento ilícito y otros que corresponden.
•Identificación y sanción de notarías e inmobiliarias involucradas en la legitimación de estos terrenos obtenidos ilegalmente.
•Congelamiento de cuentas bancarias y revisión de bienes adquiridos por los implicados para determinar el origen de los fondos.
•Protección a las víctimas afectadas por esta presunta estafa.
REDACION E INVESTIGACION DOCUMENTAL:
PDTA. ANGELA NINOSKA MAMANI GOMEZ