Una joven de 27 años de edad jamás imaginó que a dos años de haber contraído matrimonio con un efectivo policial su vida se convertiría en un infierno, cuando empezó a ser víctima de violencia física de forma continua.
Según el relato de la víctima, pese a que intentó librarse de su agresor y denunciarlo ante la Policía, irónicamente sus denuncias y pedidos de ayuda jamás fueron escuchadas, al ser el agresor un suboficial de la Policía con aparentes «contactos y influencias».
«Tres denuncias hice en su contra y en todas las denuncias quienes me atendían eran amigos de él y no me hacían caso, mas bien le avisaban cuando yo iba a denunciarlo», declaró la víctima.
Sin embargo una de las situaciones que más marcó su vida fue cuando el pasado 10 de diciembre del año 2024, en un ataque de ira y en medio de una discusión, el efectivo policial identificado como Juan Carlos T. V. de 49 años de edad, le dio un puñete en la región del vientre, logrando que la joven cayera al piso, donde comenzó a agarrarla a patadas. «Él sabía que yo estaba con dos meses de embarazo».
Al día siguiente, la joven despertó con un fuerte dolor en el vientre, además de un sangrado, lo cual derivo en un aborto espontáneo, provocado por los golpes recibidos la noche anterior.
No conforme con esto, tan sólo cuatro días después, el hombre habría vuelto a agredir a la víctima, queriendo obligarla a mantener relaciones sexuales, pese a la negativa y resistencia de la mujer y al ver la resistencia le propinó golpes en el rostro y en la cabeza.
Tras ésta brutal golpiza la joven recibió cuatro días de impedimento físico y por fin logró que su denuncia sea escuchada. Sin embargo, su agresor nuevamente resultó beneficiado, ya que recibió detención domiciliaria por un periodo de tres meses, irónicamente en un domicilio ubicado a tan sólo 3 cuadras de la vivienda de su víctima.
La defensa de la víctima está a la espera de los resultados forenses para ampliar la denuncia y pedir detención preventiva.
«Esperemos que las autoridades actúen bajo el principio de celeridad y sobre todo, no existan privilegios para el agresor por ser policía», añadió Jhasmany Terán, abogado del Centro Yanapay.
