La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba que dejó 12 muertos como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, denunció que estos decesos permanecen en la impunidad debido a los obstáculos a la investigación colocados por estas instituciones que se niegan a brindar información.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien este domingo participó en el acto conmemorativo a un año de la masacre de Sacaba, indicó que el caso se mantiene en etapa preliminar porque la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, pese a que la investigación se amplió contra el Gral. del Ejército, Alfredo Cuellar, y contra el Cnl. Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba.
“Ha sido un año de impunidad, un año en que el Gobierno Transitorio después de dar las órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el exComandante Departamental de la Policía, se han encargado de socapar y de ocultar información, de declararla como reservada para no aportar a la justicia y ocultar a quienes dispararon ese día en Huayllani”, manifestó Cruz.
Cruz observó que durante este año la Fiscalía General no hizo nada y a la Policía Boliviana que era la encargada de dirigir la investigación no le interesó esclarecer estos hechos. “Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, remarcó.
La Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades solicitó a la Policía Boliviana y a las FFAA los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del Estado peligra si la daban a conocer.
“Es decir, han mantenido en la impunidad (esos hechos), han ocultado la información, ellos mismos se han encubierto”, apuntó.
La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Órgano Judicial dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones, para buscar memoria, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares y que estos asesinatos no queden impunes.
Cruz observó, asimismo, que en el lado de la Policía y de las Fuerzas Armadas no se produjo ninguna baja ni ningún herido de consideración, “por lo que hoy, con más claridad que hace un año, se puede volver a decir que lo ocurrido en Huayllani fue una masacre organizada desde el Gobierno Transitorio y no un enfrentamiento”.
El 15 de noviembre de 2019, a las 16.00, luego de que los marchistas de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fueron cercados en el puente Huayllani por las fuerzas combinadas, se produjo un forcejeo en el que los manifestantes intentaron pasar hacia la ciudad de Cochabamba, después de horas de esperar una supuesta mediación de la Defensoría del Pueblo, situación que desató la represión policial-militar con una profusión de gases lacrimógenos, balines y balas. Agencias