Los bolivianos ya no aguantamos la corrupción; mientras muchos trabajan para pagar todos sus impuestos, los políticos y funcionarios públicos se roban la plata de los bolivianos. Se propone que sí tendría que haber pena de muerte para los políticos corruptos porque la corrupción en nuestro país día a día está peor que ayer. Se farrean los corruptos con nuestra plata; se hacen millonarios los corruptos con la plata de los bolivianos.
Lo peor es que estos políticos corruptos nos roban con libertad, no son procesados, pero cuando el ciudadano de a pie roba una garrafa, le meten mínimo 8 años de cárcel. Cuando el presidente, el ministro, el senador, el diputado, el asambleísta, el gobernador, el alcalde, los concejales y todo funcionario público les roban a los bolivianos millones de dólares, no van presos; son libres y felices se van estos infelices a otros países a derrochar nuestra plata.
Por eso la ley de pena de muerte para políticos corruptos en Bolivia tiene que ser una realidad para no permitir más corrupción; haciendo realidad esta ley, caerían muchos políticos corruptos en el país.
Se presentó un proyecto de ley denominado “Prevención contra la Corrupción, Pena Máxima para la Corrupción Agravada”, plantea un endurecimiento sin precedentes de las sanciones contra los delitos de corrupción que generen daños graves al Estado y a la sociedad. La iniciativa, registrada inicialmente como PL-464/24 y repuesta bajo el código PL-085/25, busca instalar una política de “tolerancia cero” frente al uso indebido de recursos públicos.
Entre los planteamientos centrales del proyecto destaca la imposición de una pena máxima de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto, para los casos tipificados como “corrupción agravada”. A esta sanción se suma la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier función pública, lo que implica la expulsión definitiva de los condenados del aparato estatal. El proyecto también establece el decomiso de todos los bienes cuyo origen legal no pueda ser acreditado por el condenado, incluidos aquellos que hayan sido transferidos a terceros con el objetivo de ocultar el delito. La aplicación de la ley alcanza a servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, desde el Presidente del Estado hasta funcionarios de menor rango, así como a particulares que participen o se beneficien de estos actos ilícitos.