El juicio oral en contra de los cabecillas y cómplices de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ingresó en un cuarto intermedio -hasta este martes- para que el Ministerio Público presente a sus testigos.
“Este martes se va a continuar (la audiencia) con la recepción de testigos que han sido ofrecidos por el Ministerio Público”, informó el juez José Pinto, en entrevista con la red de medios estatales.
Explicó que la audiencia será reinstalada a las 11.30 del martes 7 de febrero (hoy) y se iniciará con las declaraciones testificales.
Señaló que este proceso judicial resulta “moroso” porque se tienen a seis acusadores y seis imputados, y se prevé, por tanto, 12 intervenciones.
Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto son procesados por los actos de violencia y la destrucción que causaron en el edificio patrimonial de Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre en 2020.
También están involucrados los activistas Mario S.S. y Ayda R. L.T.
La Fiscalía pide que los imputados sean condenados a 20 años de prisión.
Los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala están acusados de delitos penales que van desde la organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas, como bazucas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado.
EXCLUSIÓN DE PRUEBAS
La autoridad jurisdiccional informó que tras la fase de la exclusión de pruebas se resolvió que se excluyan cinco pruebas del Ministerio Público, mismas que fueron observadas por la defensa de los imputados.
Además, la Fiscalía renunció a otras 20 pruebas, por ello ahora solo quedan 103 pruebas vigentes, en cpntra de los acusados, en esta etapa del juicio.
“Tendrían que ingresar 103 pruebas a juicio”, aseveró el juez Pinto.
PROCESO
En marzo de 2021, Yassir Molina fue el primer aprehendido por este caso en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de Sucre, desde entonces guarda detención preventiva. El 7 de noviembre de 2022, Molina, a través de su abogado, Jhasmani Torrico, presentó un pedido a la Fiscalía, en la que solicitó someterse a juicio abreviado a cambio de revelar los nombres de los supuestos autores intelectuales de los hechos de 2019 y 2020.
El 8 de noviembre, la justicia hizo conocer su rechazo a ese pedido. El Ministerio Público comunicó que pedirán 20 años de presidio para los cuatro responsables.
