Procesos judiciales fueron manipulados por abogados

La Paz
Eduardo León, reconocido abogado, alertó sobre la existencia de un grupo de abogados que, bajo el amparo del gobierno, cuentan con acceso privilegiado y libre a fiscalías y juzgados, lo que les permitiría intervenir en procesos judiciales para modificar fallos, cambiar requerimientos e incluso ordenar detenciones arbitrarias.
“Desde el gobierno, bajo el título de abogados de las carteras, se realiza este tipo de actos”, afirmó León durante una entrevista. Según su testimonio, este grupo no solo tiene una presencia permanente dentro de las instituciones judiciales, sino que además actúa de manera coordinada para influir en las decisiones judiciales. “Se crea un grupo de abogados que tienen entrada libre a fiscalías, tienen entrada libre a juzgados, que cambian fallos, hacen cambiar requerimientos, hacen detener a las personas; o sea, juegan con las personas”, denunció.
El abogado explicó que esta práctica se ha convertido en una especie de “juego” con el destino de muchos ciudadanos. “Como nosotros antes jugábamos, esta prenda se quema o no se quema, y en las manos de estos grupos criminales ha estado el destino de muchos ciudadanos”, comparó, refiriéndose a la manipulación arbitraria de los procesos y a la vulneración de los derechos fundamentales.
León señaló que esta red de abogados con influencia en el sistema judicial representa una seria amenaza para la justicia y el Estado de Derecho. La intervención indebida en fallos y requerimientos judiciales no solo compromete la imparcialidad de la justicia, sino que también afecta la confianza de la población en las instituciones públicas.
“Cuando la justicia deja de ser imparcial y se convierte en un instrumento político o criminal, los ciudadanos pierden sus garantías y derechos más básicos”, sostuvo. Por ello, hizo un llamado a las autoridades competentes para investigar estas denuncias y erradicar las prácticas que ponen en riesgo la integridad del sistema judicial.
La denuncia de Eduardo León visibiliza un problema estructural que afecta a quienes dependen del sistema judicial. Agencias