El informe que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre los sucesos poselectorales de 2019 señala que el exvicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que “no sucedió”. En ese documento también se indica que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.
A fines de abril, la Procuraduría difundió el informe “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, el mismo que fue remitido a la Oacnudh, después de que esa oficina requiriera información el 23 de septiembre de 2020, cuando Jeanine Añez era presidenta.
En ese documento se señala que luego de la renuncia de Morales “se debió abrir la sucesión constitucional (…), siendo el primero el ahora exvicepresidente Álvaro García Linera, quien también fue forzado a presentar su renuncia, situación que no sucedió debido a que no se instaló el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
No obstante, la tarde del 10 de noviembre de 2019, el canal estatal Bolivia Tv transmitió la dimisión de Morales y también la de García Linera.
Después de que Morales informara su dimisión, García Linera tomó el micrófono y dijo: “Yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…). Hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo”.
La Procuraduría en su informe señala también que los siguientes en la sucesión debieron ser la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y Víctor Borda, quien en esa época era presidente de Diputados. “Empero -se lee en el documento-, pese a que fueron presionados y hostigados, no existe registro alguno de haber presentado su renuncia”.
No obstante, en otro punto del informe se indica que “quienes promovían el golpe de Estado (…) ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión para que renuncien”. / Página Siete