El narcotráfico, junto a otras actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal, son las que mantienen a la economía boliviana con cierta estabilidad, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze Vargas, a propósito de la publicación ‘Economía del narcotráfico: desinstitucionalización y políticas en Bolivia’, presentada este martes en La Paz.
Según el documento al que tuvo acceso EL DEBER, los eslabones nacionales vinculados a la producción y el tráfico de cocaína, podrían obtener ingresos por $us 835 millones, que estarían circulando en el país. El estudio señala que los ingresos por exportación de cocaína estarían entre el 26% ($us 1.843 millones) y el 41,3% ($us 2.880 millones) de las exportaciones legales registradas el año 2020 ($us 6.974), dependiendo del precio de comercialización en frontera.
“Todo esto tiene que ver con las políticas implementadas por los diferentes gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2006”, continúa el informe, a tiempo de mencionar que, desde ese año, la política estatal sobre el narcotráfico cambió su orientación “por una con ‘soberanía’ y ‘participación social’, que buscaría revalorizar la hoja de coca, estabilizar la superficie del cultivo y encarar la lucha contra el narcotráfico mediante acuerdos con la comunidad internacional”, afirmó Arze.
Citó, por ejemplo, las políticas aplicadas como la Ley de la Coca, aprobada en 2017, lo que elevó en 83% la extensión de extensión de las zonas autorizadas para su cultivo: se pasó de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas. “Es decir, que con esta ley se ‘legalizó’ la producción en 10.000 hectáreas nuevas: 7.700 ha en el trópico de Cochabamba y 2.300 ha en los Yungas de La Paz. Esto generó que la producción legal de coca en 2021 sea 2,1 veces mayor a lo que el mercado nacional requiere para el consumo lícito o tradicional”, subrayó.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 2006 y 2023 el 93% de la coca producida en el Chapare y el 19% de lo producido en los Yungas no se comercializó en el mercado legal. Al respecto, el investigador del Cedla señaló que esos volúmenes “tienen un destino que no se conoce, presumiblemente un uso ilegal para la producción de droga”. Agencias