La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) y parlamentarios están impulsando medidas para endurecer las sanciones contra los avasalladores de tierras agrícolas. Buscando penas más severas, la inmediatez de la respuesta estatal con uso de fuerza si es necesario y una mayor seguridad jurídica, ya que la falta de ella y el “modus operandi” de grupos vinculados a partidos políticos han aumentado estos delitos que amenazan la producción de alimentos en el país.
Detalles de las propuestas:
Endurecimiento de penas: Se proponen penas de 15 a 20 años de cárcel por avasallamiento, y hasta 30 años si hay víctimas, según legisladores.
Intervención estatal rápida: Se busca que el Estado actúe en 48 horas ante una denuncia, autorizando el uso de la fuerza si la situación lo amerita.
Seguridad jurídica: Existe una gran preocupación por la falta de seguridad jurídica, que impulsa estas invasiones y genera inseguridad en el sector productivo.
Legislación complementaria: Además de la Ley 477 (Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras), se promueven otras normativas para garantizar la seguridad a las inversiones y exportaciones.
Contexto Actual:
Parlamentarios están abriendo puntos de denuncia en Cochabamba para canalizar estos casos, que afectan seriamente la producción agropecuaria departamental, con caídas que superan el 40% en algunos casos.
La CAO exige acción judicial firme y vigilancia sobre los procesos para frenar de una vez este problema que afecta la seguridad alimentaria nacional.
Laredo enfatizó la gravedad del problema y la urgencia de actuar.
“Los avasallamientos son actividades ilícitas, inclusive criminales, que se han convertido en clanes organizados. En los últimos diez años hemos tenido más de 250 casos por año, lo que significa un avasallamiento cada 35 horas. Esto equivale al 6% del PIB de Bolivia y está destruyendo la base productiva del país”, sostuvo.
“Cochabamba concentra el 25% de las denuncias de avasallamientos a nivel nacional. Las víctimas no solo pierden su derecho propietario; también hay familias que terminan estafadas al comprar terrenos ilegales. Esta oficina permitirá recabar información y canalizarla para que las instituciones actúen con prontitud y eficacia”, explicaron.
