Santa Cruz
El juez anticorrupción Juan José Quiroz, concedió medidas sustitutivas con arresto domiciliario para el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, en el marco de las investigaciones que se desarrollan por el asalto a la joyería Eurochronos el 13 de julio de 2017.
El excoronel Medina es procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas igual que el coronel Jorge Silva y el policía Gabriel Ruiz, que también acudieron a la audiencia cautelar.
Para Ruiz el juzgador aplicó las mismas medidas que a Medina, mientras que al coronel Jorge Silva le otorgó libertad irrestricta.
El excapitán Fernando Moreira, que es otro de los acusados, no asistió a la audiencia por encontrarse afectado con COVID-19, la fecha de su declaración será reprogramada.
Además de arresto en su domicilio particular, Medina tendrá que pagar una fianza de Bs 10.000, acudir cada 15 días a la Fiscalía, y cumplir arraigo.
La fiscal Yolanda Aguilera, expresó que el proceso sigue adelante y que las pruebas contra Medina y los otros involucrados están latentes por su participación en el asalto a Eurochronos, con el resultado trágico de cinco personas muertas, entre ellas la exgerente Ana Lorena Tórrez Torrico y siete heridos.
La fiscal rechazó la decisión judicial y anunció que apelará la determinación, porque se la tomó a pesar de que se “demostró la probabilidad de autoría y participación de los imputados”.
“Voy a apelar la determinación porque me perjudica de cierta manera”, anunció Medina en una breve declaración.
UNA EXCANDIDATA DEL MAS
El exdirector de la Felcc, Gonzalo Medina, llegó al juzgado junto a tres de sus abogados, entre ellos María Renee Lievana, la excandidata a senadora del MAS para las elecciones anuladas por fraude el 2019, así como la jurista Blanca Mercado y otro profesional. Medina ratificó frente al juez que es víctima de una injusticia y que seguirá defendiéndose en libertad.
El 21 de febrero de 2020, el Ministerio Público decidió imputar formalmente a los cuatro funcionarios policiales involucrados en el caso por los presuntos delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves.