Con más de tres meses sin clases presenciales en Bolivia, el futuro para la educación es incierto a causa de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el sistema educativo boliviano busca las formas de salir adelante recuperando el tiempo sin afectar la salud de los estudiantes y de los maestros.
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, presentó la reglamentación del Decreto Supremo 4260, la cual, establece las directrices para la aplicación de la educación en Bolivia y continuar esa labor desde el mundo digital.
Sin embargo, esta medida asumida por el Gobierno nacional no termina por convencer a los dirigentes de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, quienes piden la renuncia del actual ministro de Educación por la poca relación que tuvo el titular de esta cartera de Estado con el ente matriz de los padres de familia.
A esto se suma, el rechazo a la implementación del DS 4260, ya que el presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia de Bolivia, Pablo Diez Jiménez, calificó esta norma como “un atentado a la educación”.
“No indica cuál será el currículo en educación virtual, no fija el tiempo para que los estudiantes se queden frente a una computadora o a un celular, menos establece cómo será el proceso de evaluación”, señaló Diez, quien lamentó que esta disposición genera más dudas que certezas.
Una alternativa inaccesible
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de El Alto, Joel Charca, manifestó que la implementación de la educación virtual no es accesible para los alumnos, ya que muchos no tienen acceso a internet, computadora o aun celular inteligente, herramientas necesarias para esta modalidad de aprendizaje.
“Las clases virtuales no están llegando completamente a los estudiantes de todos los niveles de educación. Uno de los problemas es el tema económico, ya que muchas familias en El Alto viven al día y se les dificulta el acceso al internet por el alto costo económico”, sostuvo el estudiante Charca.
Ante esta situación, el secretario ejecutivo pidió al ministro de Educación que todos los estudiantes de los diferentes niveles puedan aprobar el año escolar con la nota mínima de 51. Remarcó que las condiciones no son iguales para todos los estudiantes por la realidad social que atraviesa nuestro país.
Asimismo, Ericka Bráñez, dirigente del magisterio en Santa Cruz, informó que rechazan la aplicación del reglamento general para la educación virtual, que fue lanzado el pasado 6 de junio por el Ministerio de Educación ya que no contempla la propuesta realizada por este sector y no toma en cuenta aspectos como el presupuesto que debe garantizar que todos los alumnos estén en las mismas condiciones de recibir clases en línea. Parte del criterio que todos tienen acceso a internet en el país.
“No estamos en contra de la educación virtual, lo que pedimos al ministro es que garantice las condiciones para que el estudiante tenga acceso a esta educación”, sostuvo Bráñez y lamentó las decisiones unilaterales que toma el titular de Educación respecto a las diferentes modalidades de aprendizaje que contempla el DS 4260.
A esto se suma, la determinación que asumió la Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Trópico de Cochabamba, cuyos dirigentes a través de un instructivo piden a los secretarios ejecutivos y maestros de base “no implementar ninguna de las modalidades de atención de la educación a desarrollase en sus Unidades Educativas hasta que no se tenga la Reglamentación Especifica elaborada y aprobada para cada una de las modalidades, con la participación de todos los actores de la educación”.
Cabe señalar que la principal preocupación de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia es la falta de condiciones económicas, tecnologías y sociales equitativas para implementar la educación virtual en todo el país.
“Estamos rechazando el cuerpo de lo que es el Decreto Supremo por que no establece en ninguno de sus artículos la gratuidad del internet para los estudiantes. No establece que las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de poner recursos económicos el mencionado proyecto de clases virtuales, tampoco establece que el gobierno nacional tenga que poner recursos económicos al Ministerio de Educación para que tenga la facilidad de dotar equipos de computación”, sostuvo Diez.
Entre tanto, el Ministerio de Educación tiene previsto que en los próximos 30 días calendario se elaborarán reglamentos específicos para todos los niveles de educación del país. Agencias